Los asuntos civiles y familiares también entrarán a la oralidad con este Código. (EL SIGLO DE DURANGO)
El Consejo de la Judicatura del Estado de Durango se reunió este viernes con la Comisión de Justicia del Congreso del Estado para discutir los preparativos y necesidades relacionadas con la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Este Código, que busca establecer un proceso judicial único en todo el país, promete ventajas significativas, como la introducción de procedimientos orales en asuntos civiles y familiares para lograr resoluciones más rápidas y eficientes.
Yolanda de la Torre Valdez, magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, explicó que la implementación de este Código implica la creación de salas de audiencias orales, además de una capacitación y formación sustancial. Para ello, se han iniciado cursos introductorios que incluyen a jueces civiles, familiares, mercantiles, secretarios de acuerdo, proyectistas magistrados de segunda instancia, actuarios, notificadores y personal oficial judicial.
Además, se ha extendido una invitación a los Colegios de Abogados y a la Facultad de Derecho de la Universidad local para participar en esta formación, que es gratuita. El objetivo es familiarizar a todos los involucrados con los aspectos del nuevo código nacional, que se ha desarrollado durante cuatro años en todo el país.
Este proceso no solo requerirá la capacitación de los profesionales legales, sino también la adaptación de la infraestructura digital. Para llevar a cabo audiencias virtuales y grabaciones de procedimientos, se necesitarán sistemas de audio y video, así como equipos de computación modernos, lo que representa una inversión significativa. A pesar de los desafíos presupuestarios, los participantes confían en que los diputados federales otorgarán fondos para apoyar la transición a esta nueva forma de administración de justicia, que se espera sea más eficiente y rápida para el público en general.
A pesar de dichas necesidades, la Magistrada Presidenta aseguró que la implementación de este nuevo Código Nacional es un desafío ya que promete modernizar el sistema judicial y proporcionar procedimientos más eficientes para resolver casos de manera rápida y efectiva. Incluso se dijo entusiasta ante este nuevo enfoque y confía en que, a pesar de los retos presupuestales, esta reforma traerá consigo una mejora significativa en la administración de justicia en el estado de Durango y en todo el país.
REQUERIMIENTOS
Sin embargo, uno de los principales desafíos que se plantean con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es la falta de financiamiento adecuado. Yolanda de la Torre ejemplificó que hace más de una década, para la implementación del Código Nacional Penal se generó un fondo significativo de más de cuatro mil 800 millones de pesos, para esta nueva reforma no se ha asignado ningún recurso económico, lo que dificulta la transición a esta nueva modalidad de administración de justicia.
La magistrada presidenta Yolanda de la Torre Valdez señaló que se está trabajando para lograr que se asignen los fondos necesarios para establecer la infraestructura digital requerida. Esto incluye sistemas de audio y video para grabar audiencias y la capacitación de jueces, abogados y personal judicial en el uso de esta nueva tecnología. Además, la implementación de procedimientos virtuales permitirá que las audiencias se lleven a cabo de manera más eficiente y flexible, brindando a los ciudadanos una mayor accesibilidad a la justicia.
La Magistrada también expresó su emoción por ver cómo esta reforma transformará la forma en que se resuelven los casos legales y mejorará la eficiencia de los procedimientos judiciales. A pesar de los desafíos presupuestarios, existe determinación para que Durango sea uno de los estados líderes en la implementación de esta reforma que beneficiará a los ciudadanos al proporcionar resoluciones más rápidas y efectivas en asuntos civiles y familiares.
La transición a un Código procesal único en todo el país representa un cambio significativo en el sistema de justicia y, a pesar de las dificultades financieras, los profesionales legales en Durango se preparan para la implementación de este Código hacia un sistema de justicia más moderno y eficiente en el estado y en todo México.
RECORRIDO
Para abordar estos preparativos, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia destacó la colaboración con el magistrado Eliseo Hernández, proveniente del Poder Judicial de la Ciudad de México, designado como el Secretario Técnico de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM) para la implementación de esta reforma, seleccionado por todos los Tribunales de Justicia del país para liderar esta labor. Durango es uno de los primeros estados que visita para evaluar sus condiciones para esta implementación.
Previo al encuentro con los legisladores locales, se coincidió en que el trabajo a realizar no es menor e implicará cambios fundamentales en la administración de justicia civil y familiar. De acuerdo con la magistrada de la Torre Valdez, las mejoras serán significativas, y la población notará una diferencia sustancial en la eficiencia y rapidez con la que se resuelven sus asuntos legales. El sistema permitirá audiencias virtuales, lo que brinda una flexibilidad y accesibilidad sin precedentes para los ciudadanos.
Este proceso de transición no solo requerirá esfuerzo y compromiso, sino también la asignación de recursos financieros adecuados para establecer la infraestructura digital necesaria, y subrayó la importancia de obtener el apoyo financiero necesario para llevar a cabo esta transformación de manera efectiva.
