Restan 12 días para las elecciones, el gobernador se dedicará a reuniones internas y supervisiones.
Este fin de semana inició la veda electoral para las autoridades, por lo que se suspenden las entregas en especie y eventos en formato masivo.
El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que se dedicará, en estos 12 días que restan para la elección a la gubernatura y el Congreso local, a supervisar obras y a reuniones internas.
"De alguna forma, nos dará oportunidad de seguir ordenando y verificando los proyectos que tendría que terminar antes del 30 de noviembre, antes de terminar mi administración", comentó.
Indicó que seguirá manteniendo la información sobre los temas que son permitidos por la Ley, como es la salud, educación y seguridad.
"En estos 13 (12) días vamos a estar en estos temas, en actos cívicos en los cuales está permitido por la Ley, estaremos cuidando, pues, en el caso del gobierno del estado, que se pueda dar cumplimiento estricto a la Ley como lo marca nuestro Código Electoral, sobre todo, tratando de que el día 4 de junio se pueda llevar a cabo, con toda normalidad, el proceso electoral", expresó.
BLINDAJE ELECTORAL
El blindaje electoral es una estrategia que protege la integridad del proceso electoral, a través de acciones que buscan impedir el uso inadecuado de los programas sociales, para no vulnerar el principio de imparcialidad durante la celebración de los comicios.
Dentro del proceso electoral local, los coahuilenses elegirán a quien será el próximo gobernador, así como quienes ocuparán las curules en el Congreso del estado. La jornada electoral será el domingo 4 de junio de 2023.
De acuerdo a la ley electoral, partir del 19 de mayo se suspenden todas las entregas derivadas de cualquier tipo de programa de gobierno. En esta veda gubernamental, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de la propaganda de las autoridades, con excepción de la relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia.
Con el objetivo de garantizar la observancia del principio de imparcialidad, y a fin de salvaguardar los recursos de los programas sociales, se ha instruido a los funcionarios estatales a que se abstengan de utilizar los vehículos oficiales para hacer proselitismo o acudir a cualquier evento de campaña, y mantenerlos en resguardo. Está prohibida la difusión de entrega de programas sociales y la utilización de los mismos para fines electorales.
