"Política industrial" fue un término maldito tras los fracasos de los gobiernos de Echeverría y López Portillo para impulsar una manufactura menos dependiente de insumos del exterior. El intervencionismo nos dejó una crisis fiscal y poca manufactura exportable, a pesar de las devaluaciones de 1982.
Entonces se puso de moda decir que la mejor política industrial es ninguna política industrial. Intervenir en los mercados con subsidios o protección comercial creaba altos costos fiscales y los empresarios tenían los incentivos para hacer productos malos y caros.
La política industrial está de regreso en Estados Unidos. No se le llama así, pero dos leyes recientes promulgadas por el presidente Biden tienen como objetivo central acelerar la transición hacia fuentes energéticas renovables y promover ciertas industrias estratégicas, como la de semiconductores, con subsidios y restricciones a las importaciones de China.
Le costará al fisco de Estados Unidos cientos de miles de millones de dólares. Ya se verá cuántos de estos programas generarán capacidades industriales rentables, ya que hay retos enormes para lograr crear un ecosistema industrial competitivo como el de China. Para nosotros es una buena noticia; se van a necesitar insumos y plantas de armado final en México. Gracias a los acuerdos de libre comercio que tenemos con América del Norte, la Unión Europea y Japón, podemos exportar productos sin aranceles a la mayoría de los países desarrollados. Gracias a que las políticas de Biden de subsidios a autos eléctricos son para los fabricados en América del Norte, Tesla los puede capturar invirtiendo acá.
Deberíamos de tener una política pública capaz de estimular inversiones industriales importantes en las zonas rezagadas del país. Sin embargo, presionar a Tesla a instalarse junto al AIFA no es una política industrial. Es lo contrario: la exhibición de un poder gubernamental discrecional empleado en función de los intereses políticos de quien manda. Afortunadamente AMLO cedió.
Tampoco es una política industrial construir un tren en Yucatán o en el Istmo. Este último, planeado originalmente como una forma de competir con Panamá, se reconvirtió en la búsqueda de una plataforma logística para traer insumos del mundo y transformarlos en manufacturas para el mercado de América del Norte. Hasta ahora, no parecen haber atraído a un solo inversionista.
No sorprende. Si Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes atraen inversión manufacturera y sus vecinos Michoacán y Zacatecas no, es porque los primeros han tenido gobiernos capaces de crear las condiciones para atraer inversión: una burocracia diseñada para apoyar, no para extorsionar; universidades con buenas escuelas de ingeniería; relaciones laborales basadas en la cooperación y no en el conflicto; relativa seguridad e infraestructura para conectarse con la frontera y los principales puertos. Los estados del Istmo no tienen eso, ni están en el camino para ofrecerlo.
Si el enorme poder de AMLO se hubiera utilizado, a partir de las mejores prácticas en la materia, para impulsar el desarrollo del sur del país, en lugar de construir sus obras, la inversión empezaría a fluir hacia ahí. Esto incluso sin cambiar una coma a sus programas sociales o su polarizadora mañanera. El nearshoring, es decir, la búsqueda de suministros más cercanos, seguros y libres de aranceles, se distribuiría mejor en todo el territorio, lo cual haría posible tener un país regionalmente menos desigual.
Gobernar es elegir. AMLO prefirió gastar su tiempo y el dinero del erario en obras como el AIFA. Al no partir de estudios técnicos sino de la intuición, estas obras requieren permanente atención política para que medio funcionen. Esto lleva a eventos curiosos, como celebrar con bombo y platillo el "aterrizaje" de un avión de carga en el AIFA. Esto, en el aeropuerto de Texcoco, no habría sido noticia ni de página interior.
ÁTICO
Requerimos una política pública para estimular inversiones industriales en zonas rezagadas; presionar empresas, no lo es.
