El 17 de febrero, mientras la atención pública era absorbida por el juicio a Genaro García Luna, el coordinador del "Proyecto Tocoyani. Hacia la planeación transformativa de la gestión hídrica en México", Pedro Moctezuma, prendió otra luz de alerta: En comisiones de la Cámara de Diputados se pretende mantener la Ley de Aguas Nacionales engañosa, que intentaría reducir el derecho humano al agua a un número de litros por habitante-día. ¿Qué está en juego aquí? Dos visiones confrontadas en relación con la Ley General de Aguas pendiente desde el 2013 y que el Congreso de la Unión debe definir en medio de la actual crisis, con su momento clave en marzo, rumbo a la culminación del segundo periodo ordinario del año legislativo, que es el 30 de abril.
De este modo, casi al mismo tiempo que la fracción parlamentaria de Morena en el Senado anunció su propósito de lograr una Ley General de Aguas (LGA) que abrogue la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados anunció que pretende mantener la LAN y aprobar una LGA que resultaría engañosa, al intentar reducir el derecho humanos al agua a un número de litros por habitante-día.
Quiere decir esto que, por un lado, se tiene a los que buscan perpetuar la Ley de Aguas Nacionales promulgada por Carlos Salinas de Gortari en 1992 -la cual sujetó las aguas de la nación a un sistema de concesiones concebidas como bienes de mercado y distribuidas en orden de solicitud-; y por otro lado a quienes exigen reemplazar la Ley de Aguas Nacionales con una Ley General integral centrada en el acceso equitativo y sustentable con participación gubernamental y ciudadana como mandata la Constitución, artículo 4, desde el año 2012.
Está claro. Ya lo había advertido el sexto congreso de la Coordinadora Nacional Agua para Todos en la norteña Comarca Lagunera en octubre pasado: A pesar de que hay una mayoría parlamentaria de la 4T, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados es presidida por el exalcalde priísta de Baja California, Raúl Muñoz; y la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado por un panista que se pasó a Morena, Raúl Paz Alonso, de Yucatán. Es decir, un expriista y un expanista presidiendo ambas comisiones, se dijo entonces.
El clamor social -acordó el congreso de Agua para Todos- debe percibirse de manera clara.
Esto sucede simultáneamente a la grave conflictividad y disputa por el agua en el país, en algunas regiones más que en otras, pero en todas con problemáticas de sobreexplotación, contaminación, acaparamiento, discriminación, desabasto y privatización, principalmente.
Este 25 de febrero se realiza en Temacapulín, Altos de Jalisco, el tercer taller de incubadora de grupos promotores de contralorías sociales autónomas del agua, dinamizado por la coordinadora nacional Agua para Todos; un encuentro hacia una Contraloría Social del Agua en Jalisco.
Una contraloría social del agua es instancia de una nueva institucionalidad -prefigurada en la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas- para encontrar, desde abajo, solución a la crisis del agua y que comienza con la formación de grupos promotores.
Ahí, este sábado, luego de la bienvenida y presentación de asistentes, se tendrá un mensaje del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo.
Los pueblos campesinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo presentarán a las delegaciones presentes su lucha contra la presa El Zapotillo, sus logros -de 2005 a 2023- y desafíos actuales.
Vendrá en seguida el panel de experiencias "La lucha por el agua en Jalisco y México, situación y desafíos", donde se escuchará a la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST), a la delegación de Tepa, al Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), e información procedente de Mexicali, La Laguna, Huasteca Potosina, Cuenca de México, Yucatán, Durango y Puebla, entre otros.
Se revisarán los retos para Jalisco y México en el contexto de la Ley General de Aguas y propuestas de gestión comunitaria y pública del agua.
Culminará, luego de la presentación del Plan de Justicia para la Reparación Integral de Daños de las comunidades campesinas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo con una plenaria, conclusiones, acuerdos y tareas.
El segundo taller de grupos promotores de contralorías autónomas del agua se realizó en Querétaro tres semanas antes del sexto congreso nacional de Agua para Todos, de octubre del 2023 en La Laguna, en un momento clave para el movimiento por el agua.
Esto es porque mientras la crisis del agua se agudiza, la Ley General de Aguas bloqueada por la clase política y la hidrocracia es objeto de turbulentas maniobras y las autoridades del agua mantienen inamovibles sus posturas contrarias a un cambio de paradigma en la gestión hídrica.
Es parte de la lucha por la Ley General de Aguas.
@kardenche
