ÁTICO
El poder del crimen organizado crece mientras el debate público se concentra en temas como la sucesión presidencial.
Faltan 336 días para la elección presidencial y 457 para el cambio de gobierno. Concentrados en la sucesión presidencial, otro poder se expande: el del crimen organizado.
Con frecuencia atestiguamos sus operativos criminales, increíbles hasta para una película, como el asalto el 8 de junio a una madrina que transportaba camionetas de lujo en la autopista León-Aguascalientes. Los delincuentes la cerraron durante casi una hora, en ambos sentidos, mientras tranquilamente se llevaban manejando el botín.
Cuando leí Los bandidos de Río Frío, en la preparatoria, me pareció incomprensible que el gobierno mexicano del siglo XIX no pudiera enfrentar a unos asaltantes que operaban en la carretera que conectaba las dos ciudades más importantes de entonces. Me daba tranquilidad vivir en un país en el que los bandidos ya no acechaban las carreteras.
Ahora ya no se puede circular en muchas de las carreteras del país. En la de San Luis Potosí-Matehuala, de las más importantes del país, pues conecta la CDMX con Monterrey y Nuevo Laredo, los secuestros son cosa común.
El lunes pasado, tras el descubrimiento de siete personas descuartizadas en el centro de Chilpancingo, el arzobispo emérito de esa ciudad, Salvador Rangel, declaró: "Ya se apoderó el crimen organizado de Chilpancingo".
En otro país o en otro tiempo uno solo de estos incidentes o la violencia vista el jueves, incluido el asesinato con armas de alto poder de un conocido líder social, obligaría a discutir a fondo las fallas de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno. Pero en este país y en este tiempo, otros temas dominan el debate público.
Si alguno de los muchos problemas de violencia motiva una pregunta en la mañanera, AMLO le echa la culpa a García Luna y a la herencia neoliberal. Nos tranquiliza diciendo que el homicidio está bajando y que "ningún gobierno dedica tanto tiempo al problema de la inseguridad y la violencia como el que yo represento". Tanto tiempo para luego declarar, tras el secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal en Chiapas, que si los criminales no los liberaban, "los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos".
Todo esto sucede en el sexenio con el Presidente más poderoso que ha tenido el país en décadas. Celoso de que otros acumulen poder, pero indiferente ante la expansión de los grupos criminales. Debe creer que no lo están desafiando, que es un problema de los gobiernos estatales y municipales, a quienes sí acosan, corrompen y hasta asesinan.
En los países con capacidades estatales, los distintos actores gubernamentales tienen una responsabilidad clara y una sanción si no la cumplen. El estilo de gobernar de AMLO consiste en centralizar todo el poder para ser él quien decide. Como su tiempo es finito y sus intereses son limitados, atiende sus prioridades: sus obras y sus programas sociales. Como no respeta las responsabilidades del cargo, sino que encarga tareas a quienes a él le parecen adecuados (y delega cada vez más a las Fuerzas Armadas, con lo cual pierden el foco de su objetivo central), no hay mecanismos para enfrentar los problemas institucionalmente. Y como es capaz de dominar la conversación pública, es difícil que las presiones de la sociedad sobre los problemas de inseguridad que enfrentamos escalen lo suficiente como para que reaccione, salvo cuando se trata de un grupo políticamente organizado, y que le es afín, como los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, crimen del pasado que lo ocupa mucho más que los del presente.
El sexenio está en su fase final y el poder presidencial se irá debilitando. Los reacomodos en el gobierno federal por tantas renuncias erosionarán aún más su capacidad operativa. El crimen organizado lo entiende y aprovechará para ganar aún más espacio, sobre todo en los negocios más rentables y silenciosos como la extorsión.
@carloselizondom
