El procedimiento legislativo es uno de los pilares de un sistema constitucional de corte liberal. A través de éste se generan las normas que a todos obligan. Cada uno de sus pasos, cada tramo, está pensando para justificar la obligatoriedad del producto final. No hablamos de resultados inocuos, sino de unos que modifican nuestra esfera de libertades y derechos. Cada ley, norma o disposición, de alguna manera, tiene el respaldo del aparato coactivo del Estado. Es por esto que la propia Corte ha reconocido los principios de la democracia deliberativa. Nuestro orden constitucional parte de que "toda norma, institución o medida política debe justificarse mediante un proceso deliberativo intersubjetivo público". Es decir, el proceso importa tanto como el resultado: lo legitima.
Si no se debate, si no se dialoga, si no se lee, conoce y discute lo que se vota en las Cámaras, entonces no se cumple con el fin constitucional, a saber: que los intereses de todos sean tomados en cuenta para una representación efectiva.
Esto se violó monumentalmente la semana pasada en el Congreso de la Unión. En veinticuatro horas -del 25 al 26 de abril-, los diputados trataron nueve reformas a la ley sin ninguna atención a la pluralidad y los procedimientos democráticos. Sin discusiones sustantivas desaparecieron: el Insabi, la Financiera Rural y el Conacyt. Le concedieron el manejo del Tren Maya al Ejército por tiempo indefinido, crearon la Aerolínea del Bienestar que también estará en manos de las fuerzas armadas, y un gran etcétera. Todo esto llegó al absurdo la noche del 28 de abril en el Senado, donde se llevó a cabo una "sesión" en el patio de Xicoténcatl sin los senadores de la oposición y en donde -a un ritmo de 10 minutos por dictamen- se aprobaron 20 reformas.
En pocas palabras, nuevamente, los legisladores de la cuarta transformación demostraron ser autómatas sin criterio individual que le hacen el mandado al jefe sin cuestionar ningún punto. Aprovecharon todos los temas prioritarios en su agenda que no requerían mayoría calificada para arrasar con la propia institución que representan. Sin el menor recato dilapidan su propia imagen, su propia función. El parlamento es el espacio deliberativo por antonomasia, es el lugar donde se habla y se conversa -parlamento viene de parlamentar que significa hablar o conversar con otros-. Cuando esto no se hace, las y los legisladores se humillan a sí mismos y faltan a su deber con sus representados.
La oposición tiene armas para combatir este atropello. La Corte ha dicho que incumplir estas formalidades se considera como una violación al derecho de los legisladores a desempeñar su cargo público en tanto que se les impide participar en sus actividades parlamentarias como establece la ley. En la acción de inconstitucionalidad 62/2022 y su acumulada 77/2022, la Segunda Sala de la Corte resolvió que "se debe permitir el control jurisdiccional de los actos intraparlamentarios con el fin de proteger el principio de democracia deliberativa de los congresistas".
No podemos seguir aceptando la dictadura de un hombre que se cree portador de la voluntad del pueblo y tampoco la obsecuencia de legisladores que humillan su función a costa de la república. Impugnemos.
Twitter: @MartinVivanco
