Será el próximo 17 de mayo que se reanude la audiencia para dar paso a la etapa intermedia.
Tras concluir el plazo de investigación complementaria en el caso que se lleva contra un ex alcalde de Parras de la Fuente, el día de hoy el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó una ampliación de tiempo, motivo por el cual se llevará a cabo la audiencia intermedia hasta el mes de mayo.
Fue hoy que se llevó a cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal en Saltillo bajo la causa 2458/2022 en contra de Ramiro “NN”, por el delito de ejercicio arbitrario y sus facultades.
En ésta el MP solicitó la ampliación del plazo para recabar más pruebas a su favor, situación que fue autorizada por la juez María Antonieta Leal Cota.
Será el próximo 17 de mayo que se reanude la audiencia para dar paso a la etapa intermedia.
EN CONTEXTO
Fue en el mes de enero que el ex edil fue detenido y vinculado a proceso por irregularidades observadas en contratos de arrendamiento, esto durante su administración en el año 2019.
En esa ocasión, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó datos de prueba entre los que se encontraron contratos ilegales que se habrían hecho con proveedores inexistentes dentro de los registros oficiales, con los cuales se habrían beneficiado a dos personas, quienes eran padre e hijo.
Transcendió que las contrataciones se realizaron durante el 2019 a dos proveedores por el arrendamiento de automóviles; una por un contrato de 855 mil y después por otro de 250 mil.
No obstante, de acuerdo al Ministerio Público, lo anterior, no se llevó a cabo dentro de la legalidad de la Ley de Adquisiciones del estado.
Además se observaron una serie irregularidades con otras tres empresas por montos de 15 mil y de 250 mil pesos, con empresas que no se dedican al arrendamiento de automóviles como es el caso de AutoZone.
Añadieron que el ex alcalde Ramiro, tampoco habría hecho la entrega del padrón de proveedores del 2019 al proceso de entrega y recepción con la nueva administración.
Aunque la defensa manifestó que el exalcalde sí realizó las firmas en los contratos que derivaron en la investigación de la Fiscalía, dentro de su competencia, no se encontraba la revisión de la vigencia de los proveedores, por lo que las calificó como acciones de carácter administrativo.
Lo anterior fue rechazado por la juez, toda vez que destacó el deber de cualquier persona para revisar el contenido de cualquier documento, antes de firmarlo.
Tras la vinculación a proceso la juez aprobó un plazo de dos meses de investigación.
Por otro lado, fue en el mes de febrero que la defensa solicitó el cambio de medida cautelar, el cual fue autorizado por la juez, misma que estableció que la colocación de un brazalete electrónico, así como el pago de 600 mil pesos.
