La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece sanciones para quienes incurran en estas irregularidades. (ESPECIAL)
Los ciudadanos que incurran en delitos electorales pueden ser sancionados con 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años.
De acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se impondrá de 300 a 600 días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.
En el caso de los funcionarios electorales, pueden recibir sanciones de 50 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años. Para los funcionarios partidistas o candidatos, serían de 100 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años. Se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años en lo que corresponde a los servidores públicos.
Se impondrá de 500 a mil días de multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.
Se impondrán de 100 hasta 500 días de multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila (FEADEC) llamó a la ciudadanía a denunciar para proteger el desarrollo adecuado de las elecciones.
Cualquier persona, funcionario electoral, partidista o servidor público puede ser sujeto de investigaciones ante una denuncia por delitos electorales, además de la importancia de brindar a las autoridades las circunstancias de tiempo, modo y lugar para que, de esta forma, la investigación pueda llegar hasta las últimas consecuencias.
Es importante identificar aquellos comportamientos que pueden constituirse como un delito electoral, tales como solicitar dinero a cambio de votos, entorpecer el desarrollo de las votaciones, condicionar el uso de programas sociales y utilizar recursos públicos con fines electorales.
El que la gente pueda poner en conocimiento de las autoridades los hechos que pudieran constituir delitos electorales, a fin de que sean investigados y puedan judicializarse, en caso de que así lo amerite.
En caso de presenciar este tipo de hechos, la ciudadanía puede ponerse en contacto a través de los teléfonos 800 831 7878 y 844 438 7687.
