Afines del sexenio de Felipe Calderón, como respuesta a su dificultad para conseguir los votos necesarios en el Congreso para lograr la aprobación de sus propuestas, algunos analistas políticos plantearon construir un régimen electoral que premiara al ganador de la Presidencia con una mayoría en el Legislativo. Así, no sería bloqueado por la oposición.
Estuve en contra de ello. La historia nos muestra que la centralización del poder no suele terminar bien. Son muy raros los casos como el de Singapur, donde todo ese poder en manos del primer ministro se usó para desarrollar al país. Es mucho más común el caso del gobernante todopoderoso cuyos caprichos resultan enormemente costosos.
La concentración del poder acaba dañando incluso al gran líder. Sin contrapesos, el riesgo de cometer errores es enorme, tan sólo porque el poderoso suele depender únicamente de la información que le dan sus subordinados, no siempre cierta o completa, y no entender por ello la magnitud de los costos de sus decisiones o de los problemas que se enfrentan.
En un régimen presidencial, cuando un solo partido tiene el control del Ejecutivo y del Legislativo, la concentración real de poder dependerá de quién controla al partido mayoritario y de la autonomía de los legisladores. Si éstos reciben sin chistar las instrucciones del Ejecutivo, en la práctica el Legislativo deja de ser otro poder.
En las democracias bien institucionalizadas, el jefe del gobierno enfrenta la restricción de las instituciones. Trump tuvo que tolerar que su procurador general adjunto, Rod Rosenstein (en sustitución del procurador Jeff Sessions, quien se recusó por tener conflictos de interés), designara al fiscal especial Robert Mueller para investigar la supuesta injerencia rusa a favor de Trump en las elecciones presidenciales del 2016.
La democracia no es sólo la voluntad popular, la cual cambia y por tanto puede ser contradictoria a lo largo del tiempo, sino un conjunto de pesos y contrapesos, unos electos directamente, como los legisladores, otros indirectamente, como los ministros de la Corte, cuya función es dirimir si los actos de los otros poderes violan la ley. La regla de la mayoría no sirve para decidir sobre cualquier asunto: no se debe someter a votación popular, por ejemplo, la libertad de culto.
Si en el pasado algún Presidente hubiera querido debilitar al INE, yo habría estado en contra. No es por los colores de quien gobierna que hoy estaré en el Zócalo, sino por el principio de evitar la centralización del poder y mantener la parte medular de una democracia: condiciones razonablemente equitativas en la contienda y certeza en el voto.
El Plan B es al sistema electoral lo que el Insabi, cuando se creó para sustituir al Seguro Popular, al sector salud. Se destruye una institución sin evidencia alguna de que lo nuevo vaya a funcionar. A más de cuatro años de este gobierno sigue habiendo un importante desabasto de medicinas.
En el pasado, todas las reformas electorales se habían originado desde la oposición y decidido por consenso. Así se buscaba darles certeza a las minorías de hoy de que pueden ser mayoría mañana, y a las mayorías de hoy, de que si mañana son minoría, podrán regresar al poder. Incluso con reglas aprobadas por todos, el derrotado puede no aceptar su derrota, pero con reglas impuestas por la mayoría este escenario es mucho más probable. Si ganara quien cambió las reglas, enfrentará un déficit de legitimidad, no importa por cuánto haya triunfado, como en los años del PRI hegemónico.
Un ejemplo extremo de lo costoso de la centralización del poder es la invasión de Putin a Ucrania. Atrapado en sus obsesiones y sin la información sobre el estado de su Ejército ni del de Ucrania, la invasión ha llevado a una estela inacabable de muertos y destrucción. En una democracia con pesos y contrapesos las decisiones irracionales son mucho menos frecuentes.
@carloselizondom
ÁTICO
La centralización del poder no acaba bien. El riesgo de errores es enorme sin contrapesos