César García Diosdado, doctor en Derecho Penal. (Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)
La inaplicación de prisión preventiva oficiosa establecida por una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es automática ni aplica a todos los imputados, aclaró el doctor en Derecho Penal César García Diosdado, quien precisó que la prisión preventiva justificada prevalece por la seguridad de las víctimas.
El jurisconsulto originario de Torreón y asentado en Monclova, explicó que los abogados defensores, de acuerdo al delito, pueden promover una audiencia de medida cautelar para solicitar el cambio, en el caso de que proceda.
Reconoció que es un derecho de todos los detenidos solicitar esta audiencia, pero indicó que quienes no son elegibles a obtener la libertad mediante la nueva jurisprudencia es aconsejable que no la soliciten, para no saturar los juzgados penales con procedimientos que están muertos antes de iniciar.
Señaló que la medida de prisión preventiva justificada no está revocada y permanece vigente, con características específicas de hechos y procedimientos.
Indicó que el Ministerio Público justificará ante un Juez el criterio de petición, para sustituir la prisión preventiva oficiosa, que se busca inaplicar con la jurisprudencia de la CIDH, por la justificada, por el riesgo que representan para las víctimas, para la sociedad y para el mismo juicio, ante posibilidades diversas de búsqueda de venganza, amenazas para que los demandantes o testigos cambien sus testimonios o fuga para evadir la justicia.
