En el contexto del Día Mundial del Agua, el pasado 22 de marzo, mientras iniciaba la Conferencia del Agua de la ONU 2023 en Nueva York, frente al edificio sede de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos exigieron que el organismo impulse la aprobación de la nueva Ley General de Aguas y señalaron que el titular de esta instancia, Germán Martínez Santoyo, cabildea con diputados y senadores para obstaculizar el aval de la legislación, que lleva más de una década de retraso.
Pedro Moctezuma, de la agrupación Agua para Todos y coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, indicó que se busca distorsionar el sentido del artículo 4° constitucional y obstruir su cumplimiento, así como el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que urgió en enero de 2022 a la cámaras de senadores y diputados a emitir esa legislación reglamentaria.
Sostuvo que "algunos legisladores federales me han informado que Germán Martínez tiene cabildeo con ellos, violando la autonomía de los poderes".
La omisión del Poder Legislativo data de 2012, cuando el Congreso aprobó la reforma al artículo 4° constitucional, en la que se estableció el derecho de la población al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Sin embargo, desde entonces, los legisladores han sido omisos en emitir la Ley General de Aguas. Actualmente, indicó, sigue vigente la norma establecida en 1992, que favorece la mercantilización del líquido.
Ese mismo día, Pedro Moctezuma publicó el artículo titulado "El autoritarismo del agua", en el que expone: El autoritarismo del agua se opone a una Ley General de Aguas, porque ésta cumpliría con el mandato constitucional de sentar las bases para la participación de la ciudadanía junto con los tres órdenes de gobierno con el fin de lograr el acceso equitativo y sustentable al agua.
En él, describe una situación que pudiera darse bajo la actual Ley de Aguas Nacionales.
Dice: El autoritarismo del agua se deja seducir por los intereses, boicotea la búsqueda conjunta de soluciones, y cuando estallan las crisis, echa la culpa a otros.
Continúa: No da importancia a la planeación, sino va pateando el bote esperando posponer el colapso.
"Impone la verticalidad por encima de cualquier posibilidad de participación, ninguneando hasta los poco representativos Consejos de Cuenca."
En el resto del artículo detalla:
Mantiene control directo y discrecional sobre el manejo de las concesiones de aguas nacionales. No permite inspeccionar ni sancionar a los grandes intereses con quienes tiene relación.
Frena intentos de atacar la contaminación del agua, dando la espalda a la enfermedad y la muerte en territorios sacrificados.
Bloquea las obras emblemáticas que permitirían manejar ciclos del agua, porque representan una amenaza a los negocios hidráulicos extractivistas con los cuales se ha aliado.
Fomenta trasvases mal concebidos en vez de invertir en las obras locales requeridas para eficientar el sistema hídrico.
Su relación con los otros órdenes de gobierno está determinada por intereses económicos y políticos.
Potencia a funcionarios de comprobada corrupción, y elimina a los que intentan hacer algo al respecto.
Deja caer el sistema de medición de aguas superficiales y subterráneas, permitiendo así la libre manipulación de datos sobre la disponibilidad.
Escoge a legisladores y líderes de movimientos a quienes "maicear", mientras que bloquea el reconocimiento universal de los derechos de pueblos indígenas y comunidades marginadas.
Escudándose en la popularidad del Presidente, exige lealtad absoluta en sus directivos, sin consecuencia alguna si niegan el agua y maltratan a las poblaciones que deben servir.
En resumen -dice Moctezuma al final de su artículo-, el autoritarismo del agua se opone a una Ley General de Aguas, porque ésta cumpliría con el mandato constitucional de sentar las bases para la participación de la ciudadanía junto con los tres órdenes de gobierno con el fin de lograr el acceso equitativo y sustentable al agua.
En la protesta frente a Conagua, los activistas demandaron también el fin de la corrupción en los distritos de riego, los cuales controlan 35 por ciento de todas las aguas nacionales y 50 por ciento del líquido que alimenta a las ciudades. Éstos, indicaron, están en manos de caciques, de entidades privadas que controlan el agua de espaldas a ejidos y comunidades.
Además, solicitaron que se reconozcan los derechos ancestrales de los pueblos originarios y de los sistemas comunitarios, de los cuales existen 30 mil en todo el país y son los que dan vida al agua en comunidades rurales y semirrurales.
El viernes 24 de marzo culminó en Nueva York, con una Declaración final, la Conferencia del Agua de la ONU 2023.
@kardenche
