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Los ocho militares de tropa detenidos hasta el momento, luego que la jueza Segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Ivette Duarte, reactivó 16 órdenes de aprehensión contra acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, rindieron su declaración preparatoria.
En audiencia por videoconferencia en los juzgados militares del Campo Militar 1-A, los sargentos Roberto "N", Gustavo "N" y Juan Andrés "N"; el cabo Uri "N"; el sargento de Infantería Ramiro "N"; el subteniente Omar "N", y los cabos de Infantería Eloy "N" y Andrés "N", fueron acusados formalmente por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso Iguala, informaron fuentes cercanas a los abogados de los militares.
La madrugada de ayer, cinco elementos más del 27 Batallón de Infantería de Iguala fueron ingresados a la prisión del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, que se sumaron a los tres detenidos el pasado martes, con lo que ya van ocho.
De esta forma faltan otros ocho elementos por ser detenidos, entre ellos el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala, además de un exjuez de Barandilla de Iguala, Guerrero.
De acuerdo con las fuentes consultadas, los militares por detener identificados como Rafael "N", Santiago "N", Francisco "N", Óscar "N", Ezequiel "N", Joel "N", Felipe "N" y Enrique "N", no están en activo.
Para los abogados de los elementos, se trata de una acusación sin pruebas ni fundamentos, basada en declaraciones de testigos protegidos miembros de la delincuencia organizada a quienes no les constan los hechos y hacen sólo referencias de oídas.
Los defensores detallaron que es el uso y abuso de la figura del testigo protegido que declara lo que la fiscalía especial quiera a cambio de algún beneficio.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) celebró la reactivación de los mandatos judiciales, que, añadió, eran una exigencia constante de los familiares de los estudiantes desaparecidos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se desistiera de los mismos, lo que derivó en la renuncia de Omar Gómez Trejo como fiscal especial del caso Ayotzinapa.
