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Organismos de la sociedad civil de 23 estados del país, entre ellos Coahuila, rechazan el reciente nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como la nueva Comisionada Nacional de Búsqueda ante una serie de omisiones en el proceso.
En un comunicado firmado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, conformado por 87 organismos de 23 entidades, dieron a conocer su postura tras el nombramiento de quien sustituirá a Karla Quintana, y quien fuera la directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
En su comunicado la red dio a conocer su rechazo “Rechazamos la imposición de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como Comisionada Nacional de Búsqueda. No existió un proceso de consulta a las familias, colectivos y acompañantes de las víctimas de desaparición forzada. El anunció de su designación confirma el autoritarismo, simulación y cerrazón de este gobierno para atender a la ciudadanía”.
Además piden que Teresa Reyes desista del nombramiento debido a la nula transparencia y al no contar con el perfil para un cargo que aseguran, demanda un alto nivel de responsabilidad, conocimiento y tratamiento especializado.
“En México, las graves violaciones a derechos humanos son una práctica que data de sexenios anteriores; persistirán mientras no se tomen acciones y estrategias concretas para revertir la corrupción e impunidad. Habitamos un país en donde el proceso de búsqueda de verdad y justicia ha sido gravemente lacerado desde el poder ejecutivo, en un afán de proteger su proyecto político por encima de las víctimas, evadiendo así la responsabilidad de Estado. Consecuencia de la cerrazón de las instituciones que deberían estar al servicio de las víctimas es la reciente renuncia en pleno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”, reclaman en sus mensaje.
Recordaron que el pasado 23 de octubre, Luisa María Alcalde Lujan, secretaria de Gobernación, anunció la designación de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como Comisionada Nacional de Búsqueda y justificó el proceso afirmando que se realizaron una serie de consultas públicas a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil. “Sin embargo, nada de ello sucedió. El Presidente Andrés Manuel López Obrador avaló este procedimiento”, recalcaron.