APLAUSO A LA CORTE
Estamos ante un Panorama que nos presenta un escenario inédito: confrontación real entre poderes. Estábamos acostumbrados a que la mínima insinuación, oral o escrita, un ademán o un guiño del presidente de la República a los otros dos poderes, constituía para éstos una orden que había que cumplir, sea como fuere. Las cosas están cambiando, y eso agrada a la población, porque hay higiene y sanación en el juego político de ciudadanos, partidos e instituciones electorales.
Con motivo del tema electoral, hoy vemos abiertamente confrontados el Poder Ejecutivo con el Judicial y con el organismo electoral; así también a la Cámara de Diputados (Poder Legislativo) con el órgano jurisdiccional del árbitro de las elecciones.
l.- Eran ya muchos los desacuerdos entre las dos instituciones; hasta que finalmente la Cámara de Diputados a través de su Junta de Coordinación Política decidió presentar una iniciativa para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual propone que el Tribunal no pueda emitir sentencias con acciones afirmativas en beneficio de la paridad de género o grupos vulnerables. El texto de la iniciativa dice: "La adopción de disposiciones por parte de los órganos electorales que rebasan la esfera de su competencia, se tendrá como invasión de la competencia del Poder Legislativo y constituye una violación al principio de la división de poderes, y por lo tanto del estado de derecho".
Por ejemplo, la Sala Superior del TEPJF, resolvió que la presidencia del INE será para una mujer, ya que este órgano nunca ha sido presidido por una de ellas. Al inicio, la Jucopo y el Comité Técnico de Evaluación pusieron resistencia para aceptar esta determinación, pero al fin cedieron. Este asunto está en trámite y no se conoce aún su desenlace.
2.- El tema más interesante y que ha llamado más la atención es el relativo al llamado "Plan B" en materia electoral. Al fracasar en su intento de introducir reformas constitucionales que no fueron aceptadas por el Poder Legislativo, el presidente López Obrador acudió a lo que él mismo llamó Plan B que consistía en modificar algunas disposiciones de la Ley Electoral.
Y se apresuró a elaborar la Iniciativa y presentarla ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que la aprobó por la vía rápida, entrando en vigor por la promulgación que de ella hizo el propio presidente de la República.
El Instituto Nacional Electoral (INE) consideró afectados sus derechos y después de organizar una marcha y concentración en el zócalo de la Ciudad de México el 26 de febrero con una participación de un millón de ciudadanos, presento un juicio de Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte Justicia de la Nación en contra del llamado Plan B, por considerar que más del 80% de las reformas electorales que contiene están viciadas de anticonstitución.
Sorprendió que la Corte, bajo la presidencia de la ministra Piña Hernández, haya dado entrada a la demanda y ordenara su trámite, turnándola al ministro Instructor Javier Láynez, quien declaró la suspensión de los efectos de los actos reclamados, argumentando: "Es necesario suspender en su totalidad la reforma electoral conocida como Plan B para salvaguardar el orden democrático nacional y proteger derechos humanos de los votantes y los trabajadores de Instituto Nacional Electoral. El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE. El decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando"
Es necesario reconocer la trascendencia de esta determinación, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recupera su dignidad, lo cual aplaudimos y un reconocimiento a su presidenta, ministra Piña Hernández y especial mención al ministro Javier Láynez por la calidad jurídica de sus argumentos.
