Según la legislación actual, los médicos que opten por llevar a cabo abortos no serían criminalizados, indica legisladora.
A pesar de la despenalización de la interrupción del embarazo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se destacó la necesidad de legislar en relación con la "objeción de conciencia" por parte del personal médico.
La diputada federal por Durango, Gina Campuzano González, explicó que lo que la Suprema Corte aprobó fue un amparo presentado por la organización feminista GIRE, que permite que todas las personas que reciban apoyo de dicha organización tengan acceso a atención médica del sector público para la interrupción del embarazo.
Campuzano González enfatizó la falta de legislación en torno a la "objeción de conciencia", que plantea que los médicos no deben ser obligados a realizar prácticas médicas con las que no estén de acuerdo. Aclaró que actualmente no existe una regulación federal ni estatal que establezca cómo abordar esta cuestión.
La legisladora subrayó que, según la legislación actual, los médicos que opten por llevar a cabo abortos no serían criminalizados. Sin embargo, la falta de regulación específica en este aspecto ha generado la necesidad de abordar este tema mediante legislación.
Esta situación plantea un debate importante sobre los derechos de las mujeres a acceder a servicios de salud reproductiva y los derechos de los profesionales de la salud a ejercer su "objeción de conciencia" en casos de procedimientos médicos con los que no estén de acuerdo.
