(ARCHIVO)
Al referirse a la reciente reunión que tuvieron empresarios con autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN), en la que abordaron las preocupaciones que existen en torno a la supercarretera Durango-Mazatlán, el presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), Salvador Chavez, expuso que se evidenciaron las pérdidas económicas por irregularidades.
"Nos solicitaron el apoyo para que gestionáramos con la Guardia Nacional su intervención para la seguridad en la realización del cierre de estos accesos irregulares que además están causando un daño patrimonial al erario y ponen en entredicho la actuación de los funcionarios, pues se puede pensar o mal entender que estos son actos de corrupción y complicidad de los mismos, el permitir estos accesos irregulares, ya que según cálculos efectuados y de acuerdo a datos solicitados por transparencia, el daño podría ser cercano a los mil millones de pesos, cantidad que pudiera ser utilizada para mejorar las condiciones físicas y de infraestructura de la 'súper'; solicitaron, asimismo, el apoyo del Gobierno del estado a través del Secretario de Seguridad Pública ahí presente para gestionar ante las comunidades el cierre y que esto no se vaya a convertir en un problema social".
"Aseguraron que todas las indemnizaciones por derechos de vía se encuentran totalmente cubiertas a la fecha y que esto no podría ser un tema para el cierre de esos accesos".
"Toda esta problemática, hace posible la labor de vigilancia de la Guardia Nacional en esta ruta, para poder inhibir los accidentes por exceso de velocidad, por conductores de vehículos de transporte en malas condiciones físicas, y sobre todo y lo más importante los asaltos y secuestros a conductores y sus familias que se han presentado en los últimos seis meses y que según registros del representante de la Guardia Nacional en el estado de Sinaloa, se han presentado en esta ruta, hasta dos en el mismo día, impresionante el registro que llevan", refirió.
En tal sentido, expuso que se les informó que se cerrarán los accesos irregulares, así como las casetas alternas, específicamente la de Coscomate, "siempre y cuando se otorgue el apoyo por parte de Guardia Nacional y Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Durango para mantenerla cerrada, pues arguyen que ya la han cerrado varías veces y esta es vuelta a poner en funcionamiento (ya que es un negocio millonario según sus cálculos unos 200 millones al año", evidenció.
Asimismo, exhortó a la población en general a evitar estas casetas "económicas" que en realidad resultan más costosas para la sociedad en su conjunto y representan un delito.
