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Durante sus tres años en una colonia penitenciaria bielorrusa, el activista de derechos humanos Leanid Sudalenka asegura que él y otros presos políticos fueron privados regularmente de visitas familiares, llamadas telefónicas y paquetes. Casi muere cuando el COVID-19 arrasó las instalaciones. Y se vio obligado a pasar los últimos nueve días de su condena en una celda de castigo húmeda, durmiendo en el suelo de cemento con un rollo de papel higiénico como almohada.
Tuvo que usar una etiqueta amarilla en su uniforme, al igual que los 1.473 presos políticos detenidos en Bielorrusia, para que sean fácilmente identificables por los guardias, quienes, afirma, los intimidaban, abusaban y humillaban de manera rutinaria.
"Las autoridades bielorrusas crean deliberadamente terribles condiciones de detención para los presos políticos, que se consideran tortura", dijo Sudalenka después de cumplir su condena tras las rejas y huir a la vecina Lituania.
Bielorrusia ha tomado medidas enérgicas contra los opositores del presidente autoritario Alexander Lukashenko desde las elecciones de agosto de 2020 que le dieron un sexto mandato en una votación que fue ampliamente considerada fraudulenta.
Las protestas recorrieron el país durante meses y sacaron a las calles a cientos de miles de personas. Más de 35 mil personas fueron arrestadas, miles fueron golpeadas bajo custodia policial y cientos de medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales fueron clausurados y prohibidos.
