El pasado primero de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una sentencia inédita en materia jurídica hídrica: resuelve en el fondo el amparo promovido por ciudadanos sobre la sobreexplotación del Acuífero Principal de la Comarca Lagunera, acepta el reclamo que hacen los promoventes acerca de la omisión histórica del Estado mexicano sobre el deterioro de ese cuerpo de agua dulce subterráneo, expresado en su abatimiento y contaminación durante más de medio siglo y las implicaciones ambientales y sociales que esto trae consigo.
Tal determinación, además de inédita es trascendental porque constituye, por un lado, la primera resolución que una institución del Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máxima instancia del poder judicial del país, la que atrae y resuelve a favor de los ciudadanos la denuncia que estos presentan sobre el más grave desequilibrio ecológico que enfrenta la Comarca Lagunera: la sobreexplotación del Acuífero Principal, la más importante fuente de agua que tenemos los laguneros para abastecer la demanda doméstica de quienes habitamos en esta región, y de una parte medular de las actividades económicas que en ella se realizan.
Por el otro, que la queja proviene de un grupo de ciudadanos comprometidos con el cuidado del ambiente, quienes durante más de dos décadas expresamos públicamente los argumentos que soportan la afirmación de que la Comarca Lagunera atraviesa por una seria crisis hídrica, argumentos que tanto el gobierno federal o los gobiernos locales omitieron o, incluso rechazaron, a pesar de la contundencia de las evidencias que presentábamos con los datos duros provenientes de estudios oficiales y académicos, y de las manifestaciones claras de la misma a través del desabasto de agua que sufren las familias en sus viviendas y de las afectaciones en la salud que padecen miles de laguneros por ingerir involuntariamente agua contaminada.
Tales argumentos fueron reconocidos por la Corte, donde desempeñó un papel clave la ministra Norma Piña al atraer el caso que el juez federal había rechazado y que finalmente otro ministro resolvió al ser designada la ministra Piña Presidenta de esta instancia superior del poder judicial. En este proceso jurídico que un juez federal se negó a abordar al negar el amparo promovido por la asociación Civil Prodefensa del Nazas, la organización campesina Desarrollo Cardenista de La Comarca Lagunera y varios ciudadanos integrantes del colectivo Encuentro Ciudadano Lagunero, fue resuelto con una sentencia que ordena a las entidades del gobierno federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, a subsanar diez y nueve omisiones que provocaran se sobreexplotara el Acuífero Principal.
Con lo anterior se denota que no fue algún político, sea legislador federal o local, alcalde o gobernador, quien se preocupara por promover acciones legales para resolver ese desequilibrio ecológico que pone en riesgo el desarrollo presente y futuro de la Comarca Lagunera, ya que de no acatarse la sentencia existe el riesgo de que quienes habitamos en ella enfrentemos en el futuro próximo un escenario no deseable de inseguridad hídrica. Tampoco hubo iniciativa que proviniera de algún grupo o cámara empresarial, o de cualquier integrante de las élites económica de la región. Fuimos ciudadanos comunes quienes lo hicimos.
Durante más de dos décadas hemos expresado públicamente los señalamientos sobre la crisis hídrica regional y el talón de Aquiles de esta, la sobreexplotación del Acuífero Principal, tiempo en el cual siempre estuvimos convencidos de que los argumentos presentados eran irrefutables y de graves consecuencias si no se reconocía y enfrentaba dicha crisis. El tiempo y la Suprema Corte de Justicia de la nación nos dieron la razón.
Ahora lo que sigue es definir como se subsanan las omisiones en que incurrieron la Semarnat y la Conagua, proceso que esperemos si bien no sea terso, ni tampoco sinuoso, a pesar de las resistencias o cualquier otro tipo de acciones que realicen quienes se opongan a resolver el problema del agua en La Laguna. Por ello es fundamental que los ciudadanos que habitamos en esta región nos preocupemos por informarnos y participar, en la medida de lo posible, en la forma y fondo en que se lleve a cabo el cumplimiento de esta sentencia judicial.