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El quinto autobús desaparecido del caso Ayotzinapa habría servido para el tráfico ilegal de uranio, según una publicación de la escritora Ximena Santaolalla en la revista Harvard Review of Latin America.
Santaolalla señala que uno de los líderes del cártel Familia Michoacana declaró en su testimonio que el mineral mencionado es transportado ilegalmente de Guerrero a los puertos de Lázaro Cárdenas (Michoacán) y de Colima para ser entregado a barcos chinos.
Desde la revelación de que hubo un quinto autobús, de los que tomaron los jóvenes normalistas con el propósito de acudir a una marcha en la Ciudad de México para conmemorar otro aniversario de la matanza de Tlatelolco, han surgido hipótesis que plantean que la unidad transportaba armas o droga.
En el texto, Ximena Santaolalla documenta que el crimen organizado y las empresas mineras en el estado de Guerrero tienen una relación en la que por una parte exigen cobro de "derecho de piso" y en otra parte, desplazan con violencia a las comunidades de zonas donde las compañías quieren explotar el territorio. Sumado al asesinato y desaparición de activistas ambientales.