Arturo Salinas, designado como gobernador interino de Nuevo León.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se enfrentó a un dilema crucial en su reciente sesión pública sobre la designación de José Arturo Salinas Garza como gobernador interino de Nuevo León. La propuesta de revocar dicha decisión emanada del Congreso de Nuevo León, se convirtió en el epicentro de un debate cargado de tensiones y matices políticos, que finalmente quedó pospuesta.
La sesión comenzó con un retraso de más de una hora debido a la presencia de diputados priistas de Nuevo León, quienes intentaron cabildear en favor de la designación de Salinas Garza como gobernador interino, contrarrestando la propuesta que argumentaba su inelegibilidad. La controversia se agudizó cuando la magistrada Mónica Soto solicitó el retiro del asunto, alegando la necesidad de más tiempo para un estudio exhaustivo del caso, enfatizando que no se trataba de un asunto urgente. A esta petición se sumaron los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes, a pesar de la objeción de la magistrada ponente Janine Otálora, quien sostenía que se trataba de un asunto urgente.
El magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, se alineó con Otálora, argumentando que la urgencia del asunto radicaba en el interés del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de participar en el proceso electoral federal. Dado que la convocatoria para las precampañas estaba programada para el 12 de noviembre, y que la licencia de García era relevante para su participación, el Tribunal consideró que debía abordar el caso sin demora.
A pesar de los planteamientos de algunas magistraturas que buscaban posponer la decisión debido a las controversias constitucionales en curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rodríguez Mondragón enfatizó que el Tribunal tenía la responsabilidad de dar respuestas oportunas en asuntos relacionados con derechos electorales.
Finalmente, con un pleno incompleto debido a la falta de nombramiento de dos magistraturas, el asunto se retiró del orden del día con tres votos a favor y dos en contra, posponiéndose para una próxima sesión pública.
