Al calificar el plan B de la reforma electoral como regresivo e inconstitucional, los 11 consejeros del INE anunciaron que interpondrán todos los recursos jurídicos a su alcance contra esta propuesta, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, una vez que sea aprobada por el Congreso de la Unión.
En sesión del Consejo General del INE se presentó un informe sobre el impacto y riesgos de la reforma electoral, en el cual todos los consejeros del INE participaron y señalaron que está hecha desde el poder y busca beneficiar al gobierno actual.
El documento advierte que se debilita la estructura del INE, lo que pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024, vulnera su autonomía técnica en materia de fiscalización, retrocede en avances del voto electrónico, se modifican plazos que afectan la conformación del padrón electoral y los cómputos de las elecciones, faltan condiciones para competencia pareja con el involucramiento de servidores públicos y hay retroceso del voto electrónico, entre otros puntos.
Los consejeros anticiparon un aumento en los litigios postelectorales y potenciales nulidades de votación en casilla, lo que pondría en riesgo la estabilidad política y la gobernabilidad.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, alertó que de aprobarse en esos términos "debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre en los resultados de dichos comicios".
Ante la falta de apertura de la mayoría en el Poder Legislativo, sostuvo que "la Corte tendrá la responsabilidad de salvar la democracia y la estabilidad política de este país".
El consejero Jaime Rivera señaló que la modificación del concepto de propaganda electoral es "burdamente conveniente al gobierno", ya que los servidores públicos podrán expresarse sin restricciones en tiempos electorales.
El consejero Ciro Murayama advirtió que con la reforma electoral están ante "una apuesta desde el poder para minar las elecciones libres y auténticas, comprometiendo el ejercicio del voto libre. Ahora, desde arriba, desde lo más alto del Estado, se quiere destruir el sistema electoral que permite la vida democrática".
Por su parte, diputados federales y senadores de la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra del llamado plan B.
Dicho recurso es para evitar las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En un comunicado conjunto, los grupos parlamentarios de oposición señalaron que estas modificaciones alteran el principio de neutralidad en las contiendas electorales, vulneran la legalidad y atentan contra la Constitución.
