Aprobaron reformas constitucionales para que los violentadores y deudores alimentarios no ocupen cargos de elección popular. (EL SIGLO DE DURANGO)
Luego de que el Congreso del Estado aprobó las reformas constitucionales para que los violentadores y deudores alimentarios no ocupen cargos de elección popular, ahora se presentó una iniciativa para incluir estos requisitos en la designación de los titulares de los organismos autónomos.
El diputado local Fernando Rocha Amaro explicó que recientemente se realizaron modificaciones a la Constitución local en las que se hacen especificaciones de los requisitos para acceder a los cargos de gubernatura, diputaciones, magistraturas, así como para ser electas a la Presidencia Municipal, Sindicaturas o Regidurías.
De esta manera, se prevé incluir un párrafo en el que se especifiquen ciertos requisitos para acceder a los puestos cuyo nombramiento sea atribución del Congreso de Durango, de titulares e integrantes de los consejos, comisiones u órganos directivos, consultivos o de gobierno de los órganos constitucionales autónomos de la entidad; además el no haber sido sentenciada o sentenciado con resolución firme de autoridad judicial competente.
Igual sucedería por la comisión de delito intencional que amerite pena privativa de libertad; o por actos de corrupción que ameriten la inhabilitación para ocupar cargos públicos y por delitos de violencia política contra las mujeres por razones de género; así como no tener antecedentes penales por violencia familiar, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, violación, feminicidio, además de no estar incluido en el registro de deudores alimentarios morosos.
El legislador panista explicó que como órganos constitucionales autónomos están considerados la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral del Estado, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
