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En el caso de familias de Tierra Blanca Copala, se cumplen tres años desde que fueron despojadas de sus casas, pertenencias, terrenos y una vida próspera en esta comunidad de la nación triqui, donde sus recuerdos se remontan a un espacio de fiesta y diálogo entre las familias y vecinos. Sin embargo, a finales de 2020 un grupo armado irrumpió en la población y tuvieron que huir de las balas. Desde entonces la violencia no para.
Angélica, junto con su esposo, tres hijos y su madre, vive en una casa de dos cuartos, sin servicios. Su hija, de apenas cinco meses, no toma leche materna, así que debe comprarle fórmula además de pañales y otras necesidades, lo que obligó a su hija mayor a migrar a otro estado para trabajar.
Las familias que se refugian en Yosoyuxi Copala manifiestan su cansancio, frustración y desesperación, pues la mayoría vive en casas prestadas o rentadas, sin servicios básicos y sin espacio para cultivar sus alimentos. Muchas niñas y niños no acuden más a la escuela por falta de documentos y de dinero que los sostenga.
Aunque 144 familias fueron reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado interno por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2022 y recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado medidas cautelares para ellas, los apoyos como medidas reparatorias han sido escasos por parte del gobierno de Oaxaca, que encabeza Salomón Jara.
