La pensión universal, estrategia que antes solo era una bandera de la izquierda, ahora es reconocida y aprobada por líderes de la derecha como Ricardo Anaya y ahora Xóchitl Gálvez, quienes la han incluido en sus propuestas de campaña.
A su vez, los diversos programas sociales que han caracterizado a la administración del presidente López Obrador fueron aprobados el 24 de noviembre de 2018 por miles de personas que participaron en la Consulta Nacional Programas Prioritarios. La mayoría de ésos se entregan sin discriminación de edad o estado económico, bajo el lema de "Primero los Pobres" a un universo de jóvenes al igual que a adultos mayores además de personas no inscritas en otros sistemas de apoyo.
Los frutos de la estrategia han sido calificados según el cristal con que se miren.
Las estadísticas del INEGI muestran que en los últimos cinco años desde 2018, el ritmo de crecimiento de la pobreza ha disminuido no así en número. Los programas han servido para aliviar carencias populares, pero apenas incidentalmente para crear canales de superación a los millones de compatriotas que no han roto el techo de sus privaciones cotidianas.
En concreto, el efecto de la pensión general es dotar a la población de escasos recursos económicos de un poder de compra que prime el mecanismo económico sacándolo del impasse de la pobreza echándolo a andar a modo de los incentivos anticíclicos. En el caso del programa de López Obrador no toma en cuenta la necesidad que hay de apoyar la producción y a las pequeñas y medianas empresas que crean empleo transformando recursos en artículos o servicios que van al mercado nacional o a la exportación. Esto hay que repetirlo para entender que la Cuatro T no ha aprovechado el potencial económico nacional sino solo estabilizando su escasa actividad.
Según la revista Expansión, entre 2019 y 2023, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores creció su presupuesto 2.7 veces en términos reales, al pasar de un gasto de 123,092.2 millones de pesos a 339,341.3 millones. Sus apoyos se han triplicado en términos reales entre 2018 y 2023", enfatiza el documento de Criterios Generales de Política Económica.
El monto promedio mensual global de programas sociales por persona pasó de 309.96 pesos a 422.17 de 2018 a 2020 y para 2022 fue de 508.38 pesos. La inversión que este gobierno destina a los programas sociales se ha incrementado 30% en cinco años, pero no ha sido suficiente para disminuir el número de personas que viven en pobreza extrema en México.
Las Universidades del Bienestar subieron su inversión al pasar de 1,230 millones de pesos en 2019 a 1,476 millones de pesos en 2023. El Programa de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior "Benito Juárez" con un gasto de 21,270 millones de pesos a 37,554 millones de pesos en el mismo periodo. Numerosos programas sociales incluyen como Sembrando el Futuro u otros programas atienden la recuperación de selvas o la distribución de medicinas.
En 2023 el monto de lo distribuido a todos los programas sociales fue de 34,922 miles de millones de pesos muy semejante a lo que el gobierno dirigió a sus proyectos prioritarios de infraestructura como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas o el Aeropuerto AIFA (incluyendo la cancelación del aeropuerto de Texcoco) cuyos contratos se han asignado sin las debidas licitaciones bajo el rubro de secreto de seguridad nacional.
En los cinco años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha invertido en los programas sociales un total de 6.5 billones de pesos. Mientras crecen de programas prioritarios transfiriendo dinero a la población, los especialistas en política pública ven con preocupación no solo la posibilidad real de financiarlos sino además que ese gasto se desvíe a fines electorales.
El 5 de febrero el presidente López Obrador entregará al Congreso un paquete de iniciativas de ley que pretenden modificar programas de gobierno e instaurar los derechos de los pueblos originarios. Esos y otros cambios serán de rango constitucional para continuar con la Cuarta Transformación.
El diputado Romero del PAN declaró que el costo de las reformas que AMLO propondrá el próximo 5 de febrero, como la del aumento pensiones, aceptado por todos los partidos, no podrá cubrirse con un presupuesto federal más que agotado, a menos que se realice una reforma fiscal a fondo.
Los miles de millones de pesos que se han gastado en programas sociales y obras de infraestructura prioritarias con erogaciones muy superiores a lo presupuestado habrían sido más benéficas y sobre todo productivas para la Nación de haberse aplicado no sólo al consumo sino a aumentar la productividad. El rechazo a la reforma morenista operada por la SCJN y a la política eléctrica de AMLO, es un ejemplo de cómo se tuvo que corregir el desmantelamiento de los sistemas que operaban antes de 2018.
Esto no significa regresar al individualismo neoliberal deshumanizado generador de inestabilidad y violencia que se vivía. Las torpezas y corrupciones del ensayo personalista de Morena transformaron al país en un galimatías de ilegales incongruencias más urgido que nunca a partir del 2 de junio de un verdadero programa de rescate y evolución creativa.
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