Para algunos, afortunadamente minoría, los espacios públicos y de elección popular son únicamente para defender la corrupción, pues la ven como un derecho político. La corrupción es la propuesta de acción nacional y local, en la que basan su ideología y su oferta política, se unen para repartirse, cual saqueadores, los espacios. Recientemente, el cínico líder de un partido doble moral hizo públicas sus alianzas de complicidad, ventiló por berrinche cómo se habían repartido el botín, de a cómo les tocaría a cada quien, no le cumplieron, no cumplen y, si son incapaces de cumplirse entre ellos, menos a la sociedad. Su ambición no tiene límites, lo único que los une es su defensa de la impunidad como un privilegio del que se sienten merecedores.
Así es como regatearon a la exfiscal Ernestina Godoy su ratificación, para esas minorías la procuración de justicia es un asunto menor, lo importante es lograr impunidad. La gente debe de saber de qué lado está cada quién. Esos que, gracias a la lucha de millones de personas que estamos cansados de sus prácticas y saqueos, han perdido el privilegio de la protección política para delinquir ahora pretenden generar percepciones erróneas en la ciudadanía.
En el Congreso de la Ciudad esa minoría tuvo el descaro de usar a la justicia y esas instituciones que en el discurso dicen que defienden, las pusieron en la mesa como moneda de cambio. Estos grupos donde la corrupción y el tráfico de influencias es parte de su ADN, pusieron en venta su voto, el pago que querían, a cambio de la ratificación de la fiscal, era una afrenta a las leyes, a las normas, incluso al gran trabajo que se hizo desde la Fiscalía a cargo de una mujer que lo ha señalado diciendo: no entendería una transformación real ni verdadera, si no se combate y desarticula la corrupción que se transformó en un mal endémico en la clase política mexicana.
Desde la Fiscalía se investigó y se presentaron denuncias contra funcionarios, exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, incluidos alcaldes, quienes crearon una organización que autorizaba obras, edificios, construcciones fuera de la ley, pero dentro de sus ambiciones. Esta red, que operaba desde 2015, permitía que se construyeran más niveles y más viviendas de las permitidas a cambio de cuantiosos recursos económicos o de inmuebles, y para cualquiera que sea sensato resultaría criminal no solo por la corrupción per sé, sino porque implica poner en riesgo la vida e integridad de quienes habitan esos inmuebles y el impacto en los servicios por el crecimiento desmedido; antes no faltaba el agua en Benito Juárez por ejemplo, no explotaban departamentos por acumulación de gas, no se caían tantos edificios nuevos en los sismos, no se abrían socavones, aunado al encarecimiento del valor de la tierra en esa alcaldía.
Con un trabajo riguroso de la fiscal y su equipo se lograron sentencias y reparación del daño; no se trata de ninguna persecución política, y es que no muchos espacios han difundido que esas personas ya aceptaron su responsabilidad penal y aportaron elementos para probar acusaciones contra otros servidores públicos.
Otro grupo, acostumbrado a este tipo de intercambios, hizo un ofrecimiento: votar por la ratificación a cambio de que el otro delincuente, uno de sus cuadros importantes acusado de ¡trata de personas! llevara su proceso en libertad, es que no conocen la vergüenza.
La sociedad está muy despierta, informada, sabe quién es quién, defenderán la premisa de que por encima de la Ley nadie. Ernestina se va de la Fiscalía, pero los delincuentes que la quisieron poner a negociar la justicia se quedan en la cárcel, porque la ley no se negocia, porque ningún cargo vale lo que la justicia y las investigaciones continuarán…
X: @DanielaCordAre
