La ministra presidenta Norma Piña. (ARCHIVO)
Este domingo, la ministra presidenta Norma Piña anunció la presentación del documento Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas.
El texto viene en respuesta a la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador y que ha sido respaldada por Morena, PT y el Partido Verde, quienes tienen mayoría en la Cámara de Diputados, donde se aprobó en un día de discusión y en el Senado solo requieren de un voto de la oposición para aprobarla.
La presidenta de la Suprema Corte defendió en un breve mensaje que los fallos del sistema judicial no todos pueden culparse a los jueces, de ahí que la serie de propuestas contemple a las policías y fiscalías de los estados.
“El acceso a la justicia real, cercano y accesible para todas las personas en nuestro país es un fenómeno complejo que dista mucho de ser perfecto.”, abre el texto, cuando en el país se vive una altísima impunidad.
La organización Impunidad Cero señala que en México de cada 100 delitos no se denuncian el 94 por ciento de ellos y de cada 100 que se denuncian, solo 14 son resueltos. Es decir, menos del 1 % de los delitos cometidos son resueltos.
Las propuestas del texto son las siguientes:
1. Realizar una revisión crítica del flujo de los procesos judiciales para asegurar una perspectiva de justicia centrada en las personas
2. Estandarizar las reglas de la carrera judicial en los poderes judiciales del país
3. Desarrollar programas de sensibilización, capacitación y evaluación en conocimientos y competencias para la ética y legitimidad institucional
4. Fortalecer la capacidad institucional de los poderes judiciales locales para atender adecuada y efectivamente las demandas de justicia de la ciudadanía
5. Implementar la carrera judicial y los mecanismos de selección para todos los cargos judiciales que cumplan con criterios claros y objetivos
6. Redoblar los esfuerzos y asignar los recursos necesarios para implementar la oralidad en la justicia civil y familiar, así como consolidar la oralidad mercantil
7. Consolidar la justicia laboral
8. Implementar mecanismos efectivos para la disciplina judicial
9. Recuperar y fortalecer el constitucionalismo local
10. Incrementar los recursos económicos de la justicia penal local
11. Derogar figuras jurídicas que propician la privación arbitraria de la libertad
12. Armonizar el reconocimiento y la tipificación del delito de feminicidio, así como homologar los protocolos de investigación aplicables
13. Ampliar y fortalecer los alcances del juicio de amparo en materia de reparaciones y suspensiones
14. Generar marcos normativos claros orientados a asegurar el cumplimiento de las sentencias judiciales
15. Fortalecer las figuras procesales que promuevan un acceso colectivo a la justicia
16. Generar condiciones normativas, presupuestales e institucionales para poner en marcha jornadas nacionales itinerantes de justicia
17. Garantizar que un porcentaje no inferior a 2% de los presupuestos federal y estatales sea asignado a los poderes judiciales
18. Diseñar y expedir una Ley General de Defensorías Públicas
19. Reorientar las políticas de seguridad pública, promover su desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en su diseño
20. Fortalecer la seguridad, operación y accesibilidad de todas las autoridades que realicen labores de seguridad al Registro Nacional de Detenciones
21. Modernizar los Centros de Comando y Control
22. Establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales
23. Implementar una estrategia integral de lucha contra la trata de personas
24. Considerar el abandono del enfoque punitivo de la política hacia el uso de drogas y el narcomenudeo y buscar alternativas para la detención en este contexto
25. Simplificar y armonizar en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba
26. Desarrollar un sistema nacional de prevención y protección para todos los operadores de justicia
27. Revisar y reformar el marco normativo e institucional de la política criminal vigente en el país
28. Mejorar el acceso a la información pública y de los mecanismos para la evaluación de las instituciones de seguridad
29. Implementar medidas efectivas para mejorar el control de armas de fuego en el país
30. Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional y el fortalecimiento de instituciones civiles
31. Investigar la trata de personas a partir de la cooperación internacional
32. Establecer una estrategia global e integral de búsqueda e investigación de los casos de desaparición
33. Asegurar la estandarización nacional de instrumentos de investigación
34. Establecer estrictos sistemas de selección del personal del Ministerio Público y Fiscalías
35. Promover el establecimiento de un mecanismo nacional de formación y certificación de fiscalías y policías de investigación
36. Incorporar la detención y desaparición de personas migrantes a los registros nacionales
37. Promover una política nacional de prevención de las desapariciones desde una mirada estructural
38. Fomentar la articulación de sistemas estadísticos confiables y de constante actualización
39. Explorar el establecimiento de un mecanismo extraordinario de verdad, justicia y reparaciones
40. Perseguir los delitos con un análisis de investigación y persecución de fenómenos y estructuras criminales como un todo, no de manera fragmentada y desarticulada
41. Desarrollar e implementar políticas de persecución penal estratégicas en las fiscalías federales y estatales
42. Crear una Ley General de Servicios Forenses que instaure una institución nacional de servicios forenses
43. Fortalecer las capacidades institucionales en materia forense y de servicios periciales
44. Asegurar que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense cuente con el presupuesto, estructura orgánica e independencia necesarios para el cumplimiento de sus funciones
45. Establecer y garantizar el funcionamiento de bases de datos en materia forense y de servicios periciales a nivel nacional
46. Fortalecer los servicios de defensoría pública
47. Aumentar el personal de las defensorías públicas
48. Garantizar la autonomía técnica y de gestión de todas las defensorías públicas del país
49. Asegurar las asignaciones presupuestales necesarias
50. Regular de manera uniforme y consolidar el servicio civil de carrera
51. Establecer atribuciones claras y amplias para brindar asesoría y asistencia legal en todas las materias
52. Conformar áreas o unidades de investigación y servicio periciales independientes en cada defensoría pública
53. Crear bases y protocolos homologados de atención y actuación
54. Diseñar mecanismos de comunicación eficientes para la canalización de casos entre defensorías públicas
55. Implementar una política integral de atención a poblaciones de difícil acceso o en situación de vulnerabilidad
56. Instrumentar una política integral de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos
57. Otras acciones adicionales para fortalecer los servicios de defensoría pública en México, con independencia de la legislación propuesta
58. Incorporar a las víctimas indirectas en los procesos de búsqueda, así como en los procesos judiciales
59. Fortalecer la atención médica que brindan las comisiones de atención a víctimas
60. Reformar el sistema de ayudas inmediatas dentro de la política de atención a víctimas
61. Crear mecanismos eficientes de denuncia y protección para todos los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de prisión
62. Fortalecer la independencia de juezas y jueces de ejecución
63. Implementar servicios de interpretación y mediación cultural para comunidades indígenas
64. Capacitar a juezas y jueces de ejecución, así como al personal penitenciario en temas de derechos humanos y enfoques diferenciados
65. Fortalecer programas de atención psicológica y de salud integral dentro de los centros de reclusión
66. Adaptar de espacios en centros penitenciarios a fin de satisfacer las necesidades diferenciadas de los distintos grupos de población
