Morena se parece cada vez más al PRI por la forma en que opera políticamente y cada vez más al PAN por las pifias que comete al ejercer el poder.
Del primero de los casos es representativo el pleito que protagonizan dos ex priistas que ahora son los poderosos líderes de los grupos parlamentarios guindas en el Senado, Adán Augusto López, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
A este último lo responsabilizó el primero de la reducción en 123 millones de pesos del presupuesto del Senado para 2025. El líder de los diputados de Morena argumentó que las reasignaciones habían sido previamente acordadas y que incluso fueron menores a las inicialmente pactadas. Pero lejos de aceptarlo, Adán Augusto acusó que, al llegar a la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta -posición en la que lo precedió el hoy diputado Monreal- encontró "negocitos ya añejos" sobre los que ya presentó denuncias ante la FGR, la Secretaría Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación. Se trata, según dijo, de dos contratos de prestación de servicios presuntamente simulada por 150 millones de pesos (uno de 60 millones para el manejo del archivo y otro de 90 millones de pesos para el mantenimiento de elevadores) y de "tres o cuatro contratos más" presuntamente fraudulentos. Monreal, a su vez, negó que haya contratos simulados y declaró que el manejo del dinero fue auditado por años y que el que nada debe, nada teme.
Hay en esto un pleito por dinero, furioso como todos los que tienen que ver con la lana. Pero más en el fondo hay una lucha de poder entre dos personajes de la 4T que se han dado con todo desde que, en su calidad de corcholatas, buscaron ser destapados como candidatos de Morena a la Presidencia.
Este choque entre quienes operaron la aprobación de 18 reformas constitucionales en los dos meses y medio del actual gobierno obedece a una práctica que parece secular en la izquierda: buscar con quién pelearse adentro a falta, como ahora, de adversarios externos. Sheinbaum ya les pidió ayer "mantener la cabeza fría" y aclarar irregularidades.
Mientras, la también expriista gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sigue montada en su macho y defiende con todo la designación que hizo del procesado exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, como secretario de Desarrollo Económico.
Además de estar profundamente identificado con el PAN y con personajes muy cercanos al expresidente Felipe Calderón (por lo tanto, muy lejano al ideario de Morena), Lavalle enfrenta acusaciones de haber recibido millonarios sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para votar a favor de la reforma energética del expresidente Peña Nieto. Estuvo en prisión preventiva durante un año y medio y fue liberado en septiembre de 2022 para seguir su proceso bajo condiciones supervisadas (brazalete electrónico).
Debe precisarse que el impedimento para que una persona penalmente encausada pueda ocupar un cargo público fue anulado por la Corte hace tres años al resolver la acción de inconstitucionalidad 57/2021.
Pero hay de por medio inocultables conflictos de interés. El gobierno de Layda tiene diversos contratos de arrendamiento por adjudicación directa con la familia Lavalle. Es el caso de los firmados con Carlos Enrique Lavalle Azar, hermano de Jorge Luis Lavalle Azar, quien es el padre del exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury.
Los gobiernos de Fox y Calderón (2000 y 2012) hicieron caso omiso de la advertencia del último ideólogo del PAN, Carlos Castillo Peraza, de "no perder el partido por ganar el poder". Por eso su actual situación. Morena parece encaminado a cometer el mismo error, pese a la recomendación de cuidar al partido-movimiento que hizo AMLO a su militancia al dejar la presidencia.
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