UNRWA. (ARCHIVO)
El Parlamento de Israel aprobó en lectura preliminar un proyecto de ley para vedar a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), en medio del escándalo por la supuesta participación de una docena de empleados de la misma en el ataque de Hamás del 7 de octubre.
Con 33 votos a favor y 10 en contra, "el pleno de la Knéset (Parlamento) aprobó (el miércoles) en lectura preliminar el proyecto de ley para detener las actividades de la UNRWA" en tierras de propiedad estatal israelí, indica un comunicado del Legislativo al que tuvo acceso EFE.
La iniciativa, impulsada por el partido derechista Likud del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, será remitida al Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad para su discusión y deberá ser aprobada en tres lecturas posteriores.
"En las escuelas que la agencia opera en Jerusalén se estudia contenido antisemita y los libros de texto glorifican a los terroristas que han asesinado a mujeres y niños”, indica una nota explicativa del proyecto de ley.
Además, "el papel de la UNRWA es tratar únicamente a los refugiados palestinos y, por lo tanto, no hay lugar para que proporcione ningún servicio en el territorio del Estado de Israel, donde no hay refugiados palestinos, sino residentes del país", añade.
Israel tomó el control de Cisjordania y Jerusalén Este en la Guerra de los Seis Días de 1967, y desde entonces mantiene un largo régimen de ocupación militar y colonización del territorio. Aunque en Jerusalén hay personas de origen palestino con nacionalidad israelí, muchas de ellas solo cuentan con un permiso de residencia.
El martes, el ministro israelí de Construcción y Vivienda, el ultraortodoxo Yitzchak Goldknopf, ordenó el desalojo inmediato de las oficinas de la UNRWA de Jerusalén Este.
Israel está intensificando su ofensiva contra la UNRWA, organización creada en 1948 para atender a la población palestina desplazada tras la creación del Estado de Israel, después de señalar a unos doce empleados en la Franja de Gaza de tener vínculos con el grupo islamista Hamás y participar en el ataque del 7 de octubre que desató la guerra.
La UNRWA, que tiene más de 30,000 empleados, ha abierto una investigación y rescindido los contratos de los sospechosos.
Sin embargo, una decena de países han anunciado que suspenden los fondos para la organización, incluidos sus principales donantes como EUA, Canadá, Alemania o Suiza, pese a que esto pone en mayor peligro a los casi dos millones de desplazados por la guerra de Gaza, quienes afrontan una crisis humanitaria sin precedentes.
A principios de esta semana, el ministro de Vivienda, Yitzhak Goldknopf, ordenó al director general de la Autoridad de Tierras de Israel que desalojara a la agencia de cualquier terreno estatal que esté ocupando actualmente.
Por otro lado, el Gobierno israelí aboga por vetar a la UNRWA también en la Franja de Gaza una vez concluida la guerra.
