Este año nuevamente estamos ante otra coyuntura electoral donde la agenda hídrica cobra mayor relevancia ante la agudización de la crisis de agua, va ser difícil que la evadan quienes aspiren a puestos de elección federal o locales, como lo hicieron la mayor parte de sus antecesores. En principio, los ciudadanos comunes, (no las reducidas élites políticas) que somos la mayoría de quienes votamos, sea en esta región o en otras que también están padeciendo afectaciones por desabasto o contaminación, tenemos más información sobre las causas que las provocan.
La agenda hídrica es compleja por la diversidad de vértices que abarca, pero podríamos revisarla en función de esta coyuntura electoral en dos niveles: el federal y el local, finalmente en regiones como la Comarca Lagunera tendremos candidatos a cargos públicos en ambos, solo los separa la competencia o jurisdicción de los órganos de gobierno que se aspiran ocupar.
En el nivel federal separemos esa jurisdicción entre los poderes legislativo y ejecutivo, sin excluir el judicial que cada vez cobra mayor relevancia con las resoluciones emitidas por instancias en que se estructura. Cada vez es más urgente se reforme el marco normativo que se estableció con la Ley de Aguas Nacionales de 1992, cuyo rasgo principal fue que se permite mercantilizar el agua, una de las expresiones funestas del neoliberalismo económico impulsado desde hace más de tres décadas que no solo mercantilizó el agua, también otros recursos naturales que ha derivado en crisis ecológicas.
Otorgarle un estatus jurídico prioritariamente mercantil al uso del agua en México determinó la política pública en materia hídrica, hasta configurar un modelo de gestión de agua predominantemente mercantil; se otorgaron concesiones de manera irresponsable al no considerar la oferta disponible, con el consecuente impacto de sobreexplotar y contaminar cuencas de aguas superficiales y el agua del subsuelo.
Este modelo de gestión mercantil ha provocado crisis de agua regionales que alcanzan ya una dimensión nacional, se ha agotado y es inevitable acotarlo y cambiarlo a otro con una perspectiva de derechos: derecho humano al agua, a la información, la participación y la justicia hídrica. Todo proyecto de gestión integrada de las cuencas que pretenda su restauración ecológica e hidrológica debe considerar estos cambios, de otra manera los desequilibrios se acentuarán, no se puede sostener un crecimiento económico y demográfico con esta visión minera de extracción de agua superficial y subterránea.
Todo indica que en este sexenio no habrá cambios en la legislación de agua y ojalá no prospere la iniciativa de "ley de mentiritas" que promueve el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Parece que este reto le corresponderá al próximo Congreso de la Unión (ambas cámaras), es un reto que los candidatos a diputados federales y senadores deben asumir desde sus campañas, debemos exigirles definiciones claras y no que continúen viéndonos como ciudadanos menores de edad.
Pero el reto no es solo para los legisladores, también para quienes aspiran a la Presidencia de la República, es en el ejecutivo donde se define la política hídrica y si bien con el actual marco normativo los márgenes de cambiar el modelo de gestión mercantil neoliberal son limitados, la promulgación de una nueva Ley General de Aguas lo facilitará. Quien asuma la Presidencia de la República deberá poner atención prioritaria a este tema, implicará una reestructuración mayor de las instituciones que norman (SEMARNAT) y gestionan el agua (CONAGUA), como dicen, una cirugía institucional de grandes dimensiones como lo demanda la solución de la problemática que ha permeado el territorio nacional.
Sería un error dejar el manejo de este recurso en quienes lo han realizado por décadas, priorizando las grandes obras hidráulicas como alternativas que solo posponen soluciones a los problemas, que ya no están para mitigarlos evadiendo atender las causas estructurales, como lo han hecho en La Laguna al no atender la sobreexplotación del agua del subsuelo.
La coyuntura electoral es una oportunidad que tenemos los ciudadanos, ya ubicados en la categoría de afectados hídricos, de exigir a los candidatos que buscan acceder a los poderes legislativo y ejecutivo se pongan las pilas y asuman los retos que les corresponden. Su agenda electoral debe contener compromisos que incluyan lo que los ciudadanos demandamos, ya no son tiempos de que presenten agendas electorales vagas e intangibles. Finalmente, ellos dependen de nuestro voto y esta es una oportunidad de hacerlo valer, no podemos continuar siendo afectados hídricos toda la vida si las cosas continúan igual.
