Los servicios sociales de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), atendieron las necesidades de la gente con mayor eficacia que los programas sociales de la 4T. En efecto, es conocida la política que el gobierno federal realizó durante sus seis años, para concentrar las acciones que venían realizándose en las múltiples organizaciones que desde hace décadas funcionaban para atender las necesidades populares en materia de salud, educación, derechos humanos, apoyo social y en muchos otros campos.
La historia no es sólo la de reducciones draconianas presupuestales, sino también de la suspensión de actividades por órdenes del gobierno que canceló de raíz los servicios médicos, las guarderías, y atención escolar, y otras muchas actividades encomendadas a las OSCs. La desaparición de centenares de fideicomisos, so pretexto de "acabar con una corrupción galopante", constituyó una constante acusación del gobierno al tercer sector, frenó y acabó una labor que venía dándose, que, en lugar de perfeccionarse con apoyos administrativos, se prefirió anular de golpe el principio de solidaridad y de corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil.
Esta política llegó hasta la ironía de traer desde Cuba médicos que dizque hacían falta durante la muy deficiente atención a la pandemia del Covid-19, aunada con al pésimo manejo del sistema hospitalario que ostensiblemente mostró carencias a veces fatales de mantenimiento, equipo y medicinas. Otra ironía fue pretender sustituir el aparato de distribución de medicinas de toda índole que venía operando con aceptable eficiencia, con un increíble y astronómicamente costoso proyecto de una mega farmacia que surtiría las medicinas de cualquier lugar del mundo en un máximo de 48 hrs., pero que jamás operó que en realidad jamás operó, ni siquiera para surtir unas cuantas recetas semanales.
La extensa red de apoyos financieros a través de diversos programas sirvió más como un instrumento para la promoción de votos a favor del gobierno. Nunca se le dio prioridad al apoyo necesario para una nueva producción de servicios y artículos. Los programas asistenciales del gobierno no sustituyeron lo que venía realizándose, sino que en realidad se redujeron en su soporte total.
El resultado contrasta con el vigor de los donativos que en otros países son capaces de aportar a las OSCs cuando se les alienta con estímulos fiscales y de otra índole. Nada de esto podía suceder en nuestro país ya que, en la 4T, no sólo opera la conocida mezquindad hacendaria, sino que se parte de una instintiva total desconfianza hacia el sector privado.
La actividad de la iniciativa privada que desde hace muchos años venía atendiendo las necesidades y urgencias populares, incluyendo las de rescate de desgracias naturales, no se interrumpió en estos últimos seis años. Es digno de elogiarse el que estas organizaciones que vieron reducirse sus recursos siguieran en sus quehaceres a pesar del asedio y del desprestigio del que fueron objeto por parte de Amlo.
En 2022 el tercer sector recibió financiamiento por 55 mil millones de pesos. 63% lo canalizaron las personas morales, el 30% personas físicas y sólo el 7% el sector público. Estos datos proporcionados por Cemefi, confirman la preponderancia y solidez del sector privado que, de haber encontrado una política positiva por parte del gobierno, sus frutos hubieran sido mucho mayores.
La situación en que ha quedado el panorama administrativo de los servicios sociales obligará al siguiente gobierno a una profunda reconstrucción de metas y objetivos. Desgraciadamente Amlo durante su sexenio se dedicó a polarizar al país y a centralizar todas las actividades. Los discutibles proyectos faraónicos cuyos presupuestos inflados a placer absorbieron los recursos que, de haber existido una auténtica conciencia social, debieron destinarse a los servicios sociales cuyos severos recortes originaron sufrimiento y dolor a la población menos favorecida.
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