Jueces y Magistrados federales iniciaron un paro de labores. (HILDA SEVILLA)
Jueces y Magistrados federales iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido en el Poder Judicial Federal de Coahuila. Esta acción, que busca expresar el descontento de la judicatura con las reformas judiciales impulsadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y los legisladores de Morena, ha generado una serie de consecuencias significativas para el funcionamiento del sistema judicial en el estado.
El paro, que comenzó este miércoles en Saltillo, responde a las reformas de Morena y que, según los protestantes, afectan la independencia del Poder Judicial y comprometen la calidad de la justicia en México. Los Jueces y Magistrados consideran que las modificaciones propuestas por la administración actual no solo alteran la estructura del sistema judicial, sino que también podrían socavar la imparcialidad y la autonomía que caracteriza a la judicatura.
La reforma judicial, promovida principalmente por López Obrador, busca introducir una serie de cambios en la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Entre las modificaciones más controvertidas se incluyen ajustes en la selección y evaluación de jueces y magistrados, así como la reestructuración de los tribunales federales.
Los críticos argumentan que estas medidas concentran más poder en el ejecutivo y en el legislativo, lo cual podría afectar la capacidad de los jueces para actuar de manera independiente y equitativa.

El movimiento de los jueces y magistrados ha recibido apoyo de diversos sectores, incluidos abogados, organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos, quienes han manifestado su preocupación por las posibles implicaciones negativas de la reforma judicial en la justicia en México.
Estos grupos argumentan que la reforma podría erosionar los principios fundamentales de la separación de poderes y debilitar el sistema judicial en su conjunto.
Por otro lado, el gobierno federal y los legisladores de Morena han defendido la reforma, argumentando que los cambios son necesarios para mejorar la eficiencia y transparencia del sistema judicial.
Según los defensores de la reforma, las modificaciones propuestas buscan modernizar el Poder Judicial y hacer que este sea más accesible y funcional para los ciudadanos.