En los últimos días, nuevamente el gremio periodístico como tal vuelve a ser noticia. Apenas unos días atrás se dio a conocer que un servidor de la Presidencia de la República fue hackeado desde España, dando a conocer los datos personales de 263 comunicadores que suelen asistir a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante lo sucedido, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que brinda acompañamiento a 50 comunicadores y que 23 requirieron apoyo para iniciar una denuncia penal.
De acuerdo con la información proporcionada por la propia Segob, a cargo de Luisa María Alcalde, estos 50 periodistas consideraron que podrían encontrarse en riesgo tras la sustracción ilícita de datos personales del Sistema de Acreditaciones de la Presidencia.
Las víctimas de este hackeo fueron atendidas por personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
"Mediante la instalación de un módulo de orientación e información en Palacio Nacional se constató que ocho periodistas decidieron solicitar la entrevista para su incorporación al mecanismo", puntualizó.
"Como parte de las acciones de acompañamiento, 23 personas periodistas requirieron apoyo para iniciar una denuncia penal por las posibles vulneraciones al tratamiento de sus datos personales", indicó.
También se contactó a 32 periodistas que se encuentran incorporados al mecanismo y que acuden a la conferencia mañanera "para fortalecer el monitoreo de seguimiento y su plan de protección en caso de ser necesario".
Con ello se intenta hacer un supuesto control de daños a la exposición de la información personal de aquellos que son parte del cosmos del fenómeno político por sí mismo de las mañaneras.
Por otra parte, igualmente hace apenas tres días, curiosamente tres periodistas han dado a conocer una investigación de la Administración de Control de Drogas -DEA- (la agencia policiaca de Estados Unidos creada para combatir el narcotráfico dentro y fuera de sus propias fronteras) donde se denuncia que el Cártel de Sinaloa habría financiado la campaña de López Obrador en el 2006. Uno de los medios por donde se dio a conocer esta información fue el portal DW, de origen alemán. El excorresponsal del New York Times en México, Tim Golden, hizo lo propio dando a conocer un material similar en ProPublica, un portal de Estados Unidos dedicado a investigar abusos de poder. El tercero fue el periodista Steven Dudley, quien aportó su "investigación" denominándola "Operación Polanco: cómo la DEA investigó la campaña presidencial de AMLO de 2006" publicándola en InSight Crime.
El centro de esta supuesta filtración de la agencia es que existen pruebas sólidas de que el Cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña del 2006 del hoy presidente López Obrador. El dinero supuestamente lo entregó Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña. Por la entrega del dinero se pidió a cambio protección y participación en el nombramiento del procurador general si AMLO ganaba los comicios.
Evidentemente el hackeo para acceder y dar a conocer los nombres de quienes tienen acceso a las conferencias matutinas del presidente de México y por supuesto, esta "extraña coincidencia" de que tres medios diferentes publiquen al mismo tiempo esas supuestas aportaciones del narco al mundo de López Obrador tiene mucho más que ver con movimientos del tablero político. En el primer caso, con la revelación de los nombres de los "mañaneros", la intención de quien lo ordenó es exhibir a quienes pueden estar cerca del régimen, intentado sugerir su allanamiento del mismo, así como en el segundo caso, la intención de la DEA (es el gobierno norteamericano en pleno) de enviarle un mensaje a la Administración del actual primer mandatario mexicano, en tanto se desquita por la defensa que el Gobierno hizo de la detención del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, en territorio estadounidense por imputaciones enderezadas por la propia.
El asunto es que habría que ser ingenuos para creer que los dos casos son asuntos periodísticos. Al revés, es al gremio de la comunicación al que se le está utilizando.
La comunicación como hoy la conocemos no tiene ya nada que ver como la de apenas 25 años atrás. Los medios y los periodistas cada vez ven más cercada su independencia periodística porque los ingresos comerciales se han pulverizado con las nuevas herramientas de comunicación digitales, dejando a merced de los grupos políticos con poder adquisitivo la voluntad de muchos -no de todos-.
Es ingenuo pensar que esta circunstancia sucede a nivel local, donde igualmente es complejo ejercer el periodismo independiente si no hay sustento que no provenga del poder público. Como ejemplo personal se me señala de proteger oficiosamente el proyecto del Metrobús Laguna, que luego de ser iniciado en los tiempos que gobernaba Coahuila Rubén Moreira y que era alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, y vio pasar el sexenio del segundo sin que se concretara -ha tardado más de la cuenta sin duda-. El flamante gobierno de Manolo Jiménez Salinas ha informado que lo hará funcionar y le ha encomendado la tarea al Subsecretario de Transporte, Movilidad e Infraestructura, Fernando Gutiérrez Pérez.
Ojalá logre Gutiérrez concretar la instrucción que recibió del gobernador Jiménez en beneficio de los usuarios del transporte público en Torreón. El Metrobús puede ayudar a la movilidad como lo hace en la Ciudad de México con 8 rutas. Mucho que mejorar tiene el transporte público de Torreón, mi ciudad, aunque el tema se politice.
