La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se elegirá a jueces y magistrados con el voto popular.
El proyecto se avaló con 22 por votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, tras la presentación de 330 reservas, y se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales. Los legisladores de oposición aseguraron que el aval al dictamen "representa la muerte de la justicia imparcial en México".
Durante el debate, el diputado del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández recordó que previo a la dictaminación hubo decenas de foros y diálogos con expertos, autoridades y ciudadanía, pero "esos diálogos sirvieron sólo para la simulación".
"Los más de 100 cambios que se dice se hicieron al dictamen mantienen en general una propuesta más nociva, más tóxica y más dañina que acabará con la independencia judicial como lo es precisamente la elección de los ministros, los magistrados y los jueces por voto popular", acusó.
El líder priista Rubén Moreira dijo que lo que sí debería contener la reforma es minimizar la saturación de juzgados a nivel local, incrementar el personal en los juzgados federales, aumentar los sueldos, así como mejorar el Ministerio Público y los centros periciales, entre otras cosas.
Denunció que en lugar de ello, "la reforma permite la intervención de poderes fácticos, entre ellos, el capital y el crimen organizado".
La diputada panista Margarita Zavala señaló que la reforma es un "deseo de venganza" de Morena, y con ese cambio constitucional habrá despidos masivos e injustificados.
Sin embargo, el diputado de Morena Hamlet García calificó como "falso" que no se haya escuchado al Poder Judicial de la Federación, a la sociedad, a los expertos que acudieron a los foros y agregó que los derechos laborales serán respetados.
Gerardo Fernández Noroña, del PT, llamó "apátridas" y "traidores a los intereses del pueblo" a los integrantes de la oposición, "porque están a favor de los interese extranjeros y respaldan a Ken Salazar".
De último momento, los legisladores de Morena, PT y PVEM incluyeron la figura de los "jueces sin rostro" para protegerlos de integrantes del crimen organizado. La propuesta del diputado Salvador Caro y de la diputada Lidia García se avaló y describe: "Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer de las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley".
La reforma plantea modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular y establece que se realizarán dos procesos para elegir a la totalidad de ministros, magistrados y jueces; una el primer domingo de junio de 2025 y la otra en 2027.
Para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes sean electos permanecerán en el cargo por un periodo que durará ocho y 11 años, por lo que vencerá el año 2033 y 2036 para cuatro y cinco de ellos, respectivamente, ya que el pleno se reduce de 11 a nueve integrantes.
El proyecto prevé la extinción de la Sala Regional Especializada del TEPJF a más tardar el 1 de septiembre de 2025. Las dos salas que tiene la SCJN serían eliminadas y sólo se realizarían sesiones en el pleno que deberán ser públicas y transparentes.
Contempla también la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y un tope salarial para que nadie gane más que el presidente de México.
Se sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial.
La reforma establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para penales; prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Se ordena extinguir los fondos y fideicomisos del Poder Judicial para sumar esos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Condiciona a los actuales ministros a que concluyan su cargo por no postularse o no haber sido electos, a recibir un haber de retiro sólo si presentan su renuncia antes de la fecha de cierre de la convocatoria, el 31 de agosto de 2025.
Tras su aprobación en lo general, se procedió al debate en lo particular con 330 reservas. Una vez avalado en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen se turna a la Mesa Directiva para que sea el pleno de la 66 Legislatura el encargado de someterla a discusión y votación.
¿Qué contiene la propuesta presidencial?
Modificación de fondo para el Poder Judicial de la Federación.
En junio de 2025 habrá elección de 100% de ministros, 50% de magistrados, vacantes, cesantías, retiros y prejubilaciones de jueces (alrededor de 800 cargos).
En junio de 2027 elección del resto del Poder Judicial (alrededor de 800 cargos).
Se crea un tribunal para sancionar a jueces y magistrados (sustituye al CJF).
Se establece plazo máximo de 6 meses para emitir sentencias.
Nadie ganará más que AMLO.
Condiciona a los actuales ministros a que concluyan su cargo por no postularse o no haber sido electos, a recibir un haber de retiro sólo si presentan su renuncia antes de la fecha de cierre de la convocatoria, el 31 de agosto de 2025.
Los ministros que resulten electos en el proceso extraordinario durarán ocho y 11 años, por lo que vencerá en los años 2033 y 2036 para cuatro y cinco de ellos, respectivamente.
Sala regional especializada del TEPJF debe extinguirse antes del 1 de septiembre de 2025.
Periodo máximo de jueces y magistrados se reduce de 15 a 12 años.
Pleno de SCJN se reduce de 11 a nueve integrantes.
Se extinguen fondos y fideicomisos del Poder Judicial (pasan al Fondo de Pensiones para el Bienestar).
La Comisión de Puntos Constitucionales. (AGENCIAS)
