Poder Judicial. (ARCHIVO)
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación mantienen cerradas las oficinas como parte del paro nacional de protesta por la reforma, que consideran un retroceso para la justicia en México.
Entre las principales inconformidades, está la pretensión de eliminar la base de la carrera judicial, lo que garantiza la población tener jueces imparciales y profesionales, para que el gobierno en turno pueda imponer sus propios jueces y entonces no exista un contrapeso para los actos y leyes que ésta pretenda aprobar.
El Juez Tercero de Distrito, Ernesto Tavera, explicó que la elección popular no garantiza que los jueces sean profesionales ni imparciales, pues al ser propuestos tanto por el Ejecutivo y el Legislativo, la mayoría de los candidatos irían por el partido oficial.
"Si los jueces se convierten en políticos, pues todo lo que se ordene del Ejecutivo se aprobará por el Legislativo y los jueces únicamente van a validar, porque ellos ya traen el compromiso del partido que los postuló, y si algún juez por ahí llegue a ser elegido, hay un Tribunal de Disciplina Judicial, que también es otro punto importante que dice la reforma, se sancionará a los jueces que resuelvan contra la ley y el punto importante dice 'y contra el interés público', pero nunca se define que es el interés público, entonces si alguno de nosotros resolvió contra los intereses del gobierno podemos ser sancionados, la independencia prácticamente dejaría de existir, ya no habría independencia judicial y eso es un derecho de los gobernados", expuso.
Reiteró que es un derecho de los gobernados tener el acceso a un juez profesional, que tenga las capacidades para resolver, que conozca de Derecho, pero que además sea imparcial.
Señaló que los jueces de distrito y el Poder Judicial de la Federación son, en términos sencillos, jueces de Derechos Humanos, por lo que cualquier ciudadano que se sienta con alguna afectación o alguna violación a sus derechos humanos puede acudir aquí para que se ordene ese acto autoritario.
Recordó que se han acompañado otras reformas, como la de materia penal en 2008, la de derechos humanos en 2011, la Ley de Amparo en 2013, la Ley de Ejecución Penal en 2016, pero aquí no hubo un diálogo sino una imposición.
Los manifestantes señalaron que es urgente que la ciudadanía esté al tanto de que la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal pretende someter al Poder Judicial de la Federación, que es el único contrapeso entre los Poderes de la Unión y es garante de los derechos de todo el pueblo de México, contra los abusos y arbitrariedades de las autoridades.
Aseguran los trabajadores de justicia que no fueron escuchados durante los foros organizados por los legisladores federales para debatir la iniciativa de modificar el sistema judicial mexicano, por lo que la suspensión de labores no se levantará hasta que se les tome en cuenta.
“No es una reforma que únicamente nos afecte a nosotros en nuestros derechos laborales, principalmente es una reforma que busca destruir el sistema de competencias y división de poderes que existen en nuestro país, en caso de que esta reforma llegue a trascender, a aprobarse en los términos en los que está establecida, habremos acabado por completo en nuestro país con el sistema de división de poderes", expresó Tavera.
Se estima que son cerca de mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Torreón que mantienen el paro de labores de manera indefinida para exigir que sé dé marcha atrás a la reforma en los términos en que está planteada. Son 30 órganos del PJF en la región, entre tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales federales laborales y centros de justicia.
