La gran pregunta del momento es de dónde sacó Andrés Manuel López Obrador la controversial propuesta de seleccionar a ministros, jueces y magistrados del ámbito federal por la vía del voto directo y secreto de los ciudadanos.
Evidentemente el primer mandatario no se inspiró en sus países aliados de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde los jueces y miembros del poder judicial no son votados por el pueblo.
Tampoco utilizó la experiencia de Argentina o Colombia y menos de países con sistema judiciales sólidos como es el caso de Inglaterra y la India.
En el Reino Unido los jueces son designados por el monarca en turno a través de un proceso de asesoramiento por parte del primer ministro. A su vez el gobierno hindú designa a través de su presidente a jueces y magistrados con la consulta de los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Tampoco en Dinamarca existe el voto popular, allá los jueces los designa la Reina previa recomendación del ministro de Justicia.
En España existen elecciones locales para designar a los jueces de paz, pero los magistrados y jueces federales surgen de una selección del Congreso de los Diputados y del Senado, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial.
El vecino Estados Unidos podría haber iluminado parcialmente a López Obrador porque aproximadamente la mitad de los estados realizan elecciones para escoger a sus jueces locales, sin embargo a nivel federal es el presidente en funciones es quien elige a los ministros de la Suprema Corte y a los jueces federales.
Joe Biden, en sus tres años y cinco meses de gobierno, ha designado con la confirmación del Senado, a 201 jueces que incluyen a una ministra de la Suprema Corte, 42 jueces de cortes de apelación, 156 jueces de distrito y dos jueces de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos.
Vale destacar que tanto en Norteamérica, como en otras naciones en donde se elige vía el voto a ciertos jueces, no se llega al extremo de convertirla en una votación de candidatos de partidos sino de ciudadanos que cumplen el perfil requerido y se presentan a una especie de plebiscito popular.
De la investigación realizada en las últimas horas detectamos que Bolivia es el único país que elige mediante el voto popular a sus titulares y suplentes de los cuatro tribunales de justicia, esto ocurrió en el 2011 debido a la reforma que promovió en ese entonces el presidente Evo Morales.
Así las cosas podría deducirse que fue el controvertido líder boliviano de izquierda quien influyó en el inquilino de Palacio Nacional para lanzar la reforma judicial cuyos pormenores no se conocen hasta el momento y menos las implicaciones futuras de la justicia en México.
Estamos de acuerdo que la justicia en nuestro país es deficiente, lenta y además corrupta. Pero no existen ejemplos a seguir donde se compruebe que a través de la elección popular se logre una integración de jueces profesionales, honrados y altamente competentes.
Por el contrario, dadas las condiciones políticas, es de esperar que este sistema llevará al poder judicial mexicano a politizar la justicia y empeorará más si la reforma es secundada por los estados con gobiernos morenistas donde podrían llevar a votación la selección de jueces locales.
Más grave todavía es la actitud soberbia y prepotente de AMLO para implantar una reforma por el simple hecho de que Morena alcanzó virtualmente la mayoría calificada en las cámaras de diputados y de senadores, sin antes lograr un real consenso en la sociedad.
A ello se agrega la falta de tacto y cortesía política hacia su sucesora Claudia Sheinbaum. El "modito" de AMLO hace recordar el histórico capricho de José López Portillo cuando en 1982 nacionalizó la banca e implantó el control de cambios sin consultarlo con el entonces presidente electo Miguel de la Madrid, quien sufrió tales excesos durante todo su sexenio.
BIDEN DE PICADA
Apenas retomaba vuelo Joe Biden tras el juicio adverso de Donald Trump cuando su hijo Hunter Biden fue declarado culpable por tres cargos graves relacionados con la compra de un arma en el año 2018. Con ello los bonos del actual presidente se van por la borda en tanto Trump recupera parte del terreno perdido. A propósito, los republicanos han sacado a colación los traspiés cometidos en la Casa Blanca por Bill Clinton en el caso Lewinsky, quien a pesar de las evidencias nunca fue sometido a un juicio legal.
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