Aprueba Congreso ley para regular anexos en Coahuila
La diputada local Guadalupe Oyervides Valdés anunció la aprobación unánime en la Comisión de Gobernación de la nueva ley que regulará los llamados anexos, espacios donde personas con adicciones o adultos mayores son internados para recibir tratamiento, y que ahora contarán con obligaciones específicas, supervisión estatal y vinculación directa con la Fiscalía.
Oyervides explicó que, mientras la legislación federal los reconoce como “aretas”, en Coahuila comúnmente se les identifica como anexos, muchos de los cuales operan de manera informal y sin lineamientos mínimos de dignidad, derecho y atención adecuada.
Señaló que cada semana se reportan casos de fugas, maltrato, carencias alimentarias o condiciones indignas en estos centros, lo que motivó la creación de un marco normativo que brinde orden y protección a los internos y a sus familias.
Indicó que la nueva ley permitirá identificar con precisión cuáles son las obligaciones que deben cumplir los centros, cuáles son los derechos de las personas internadas y qué requisitos tendrá cada institución para funcionar legalmente.
Destacó que ahora será obligatorio que cada ingreso sea reportado a la Fiscalía para mantener un registro jurídico claro y evitar irregularidades en el trato a los pacientes.
Subrayó que, aunque muchas de estas instituciones surgieron por voluntad de ayudar y con esfuerzo comunitario, es indispensable que operen bajo reglas y normas que garanticen calidad, trato digno y seguimiento profesional.
La diputada informó que actualmente la Secretaría de Salud tiene registrados 36 centros, aunque existen muchos más que operan sin permisos, en condiciones inapropiadas e incluso en casas habitación con espacios insuficientes para el número de personas internadas.
Cuestionó cómo un centro improvisado en una vivienda de apenas 46 metros cuadrados puede brindar atención psicológica, alimentación adecuada y un tratamiento real que responda al sacrificio económico de las familias.
Advirtió que los anexos que no cumplan con los nuevos requisitos serán clausurados, tal como lo prevé la ley, que establece coordinación con autoridades federales como la SAM.
Detalló que se crearán también consejos estatales donde participarán la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía, con el fin de consolidar criterios y supervisión permanente.
Afirmó que la legislación surge tras mesas de trabajo con familias y centros formalmente registrados, quienes coincidieron en la urgencia de poner orden ante la existencia de instituciones que operaban “en una laguna normativa”.
Reiteró que, aunque algunos anexos nacieron de un acto de amor o buena voluntad, es responsabilidad del Congreso establecer normas estrictas que permitan garantizar los derechos humanos de quienes están internados, ya sea por adicción o por condición de adulto mayor.
Sostuvo que la nueva ley de aretas representa un compromiso con las familias y con la dignidad de las personas que buscan un tratamiento real y efectivo.
