Juanita Olalde Felipe, abogada defensora del ex alcalde de Frontera, Florencio “N”. EL SIGLO DE TORREÓN
El proceso penal federal 278/19 contra el ex alcalde de Frontera, Florencio “N”, se limita exclusivamente a una imputación por amenazas contra una periodista de radio, derivadas de una llamada telefónica ocurrida en 2019. Así lo aclaró la defensora legal del imputado, Juanita Olalde Felipe.
Explicó que los señalamientos de privación de la libertad por elementos de Policía Preventiva, así como torturas y amenazas de éstos por orden del entonces presidente municipal no aparecen en la causa penal.
Olalde Felipe, abogada del ex edil, precisó que el caso fue retomado recientemente en una audiencia pública de juicio oral celebrada esta semana en Torreón. La defensora reiteró que la imputación corresponde únicamente al delito de amenazas, presuntamente cometidas vía telefónica contra la comunicadora identificada como MMCR.
Detalló que la denunciante señaló haber recibido una llamada telefónica que interpretó como amenazante, hecho que dio origen a la carpeta de investigación federal. Olalde Felipe subrayó que no existe en el expediente imputación alguna por delitos como privación ilegal de la libertad u otros hechos distintos a esa llamada telefónica.
Indicó que desde el inicio del proceso, en 2019, su representado enfrentó la imputación siendo entonces una figura pública en funciones, lo que derivó en una alta exposición mediática. Durante las primeras audiencias, dijo, se solicitó al juzgado que se protegieran los derechos del entonces servidor público, evitando la difusión de su imagen y nombre.
La abogada sostuvo que esa situación fue controlada judicialmente en su momento, manteniéndose el proceso estrictamente en el ámbito legal. Respecto a la duración del caso, explicó que los retrasos no son atribuibles a la defensa ni al imputado, sino a factores externos.
Entre ellos mencionó la pandemia de COVID-19, suspensiones de actividades y huelgas dentro del Poder Judicial de la Federación. Aclaró que estos factores provocaron la pausa de múltiples procesos a nivel nacional, no únicamente el que enfrenta su representado.
Audiencia reprogramada y señalamientos de desinformación
La abogada informó que la audiencia de juicio oral programada para iniciar recientemente no pudo desarrollarse por solicitud del Ministerio Público y de la asesoría jurídica de la denunciante. Precisó que los fiscales federales argumentaron no contar con los medios de prueba ni con los recursos administrativos necesarios para trasladarlos al tribunal federal de Torreón.
Asimismo, señaló que la parte denunciante informó que MMCR no pudo acudir por motivos de salud, al tratarse, según se expuso, de un padecimiento crónico. Olalde Felipe enfatizó que la defensa acudió preparada para desahogar la audiencia y solicitó que, conforme a la ley, se declarara el desistimiento de pruebas no presentadas.
Sin embargo, el juez determinó reprogramar la audiencia, priorizando el derecho a la salud de la denunciante, quedando pendiente la nueva fecha. La defensora recordó que originalmente el juicio estaba programado para septiembre de 2026, pero fue adelantado tras un amparo promovido por la parte acusadora.
Explicó que dicho recurso se basó en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece un plazo máximo para la celebración de audiencias de juicio. Finalmente, Olalde Felipe denunció que existe una ola de desinformación que atribuye a su representado delitos que no forman parte del expediente.
Reiteró que la única imputación es por amenazas telefónicas y que cualquier otro señalamiento carece de sustento legal dentro de este proceso. En cuanto a la reparación del daño solicitada, indicó que supera el millón de pesos, monto que la defensa considera improcedente al no corresponder con los hechos imputados.
Antecedentes del caso
Hasta 2019 la periodista y conductora de noticieros MMCR se desempeñaba en sus actividades de comunicación en una estación de radio local en Frontera. Aparentemente un comentario transmitido en su espacio noticioso molestó al alcalde Florencio “N”, quien habría llamado a la periodista para amenazarla, según la causa penal integrada por el Ministerio Público de la Federación.
En la denuncia inicial, presentada ante la fiscalía estatal, especializada en delitos contra periodistas y medios de comunicación, la demandante expuso que cuando por la noche se dirigía a su casa fue interceptada por policías preventivos, quienes la subieron por la fuerza a una patrulla y se la llevaron.
MMCR explicó en su declaración, que los agentes le indicaron que su detención era por criticar al presidente municipal, pero no la llevaron a la comandancia. Le ordenaron, según su testimonio, que se agachara para que no fuera vista a bordo de la unidad, y la “pasearon” por varias horas mientras la torturaban con amenazas de que la desaparecerían.
Según dijo, no alcanzó a ver por dónde la llevaron, pero sí escuchó que uno de los policías se reportó con algún superior, a quien le indicó que ya llevaban a la periodista a bordo de la unidad oficial.
Horas después la dejaron libre cerca de su casa, en estado de crisis y temor, expuso.
La denuncia de hechos presentada por la periodista fue ampliamente difundida a nivel nacional, por lo que organismos internacionales intervinieron. Con el apoyo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante el riesgo de su vida por los hechos que narró, fue extraida de Coahuila. Posteriormente con asistencia de la organización internacional Artículo 19 y otros grupos, fue sacada del país.
El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República, con asesoría de órganos de protección a periodistas. El Ministerio Público Federal integró una nueva carpeta de investigación, pero no presentó denuncia por privación de la libertad, secuestro, amenazas o torturas cometidos por policías por órdenes del alcalde.
Olalde Felipe expuso que en ninguna parte de la causa penal federal 278/19 contra el ex alcalde de Frontera, Florencio “N”, se mencionan los hechos antes descritos, y sólo establece como delito el de amenazas, por una llamada telefónica.
La defensora del ex presidente municipal sostuvo que no ocurrieron dichos hechos, a los que calificó como desinformación, por que no hay indicios o evidencias que lo acrediten. Aunque dejó en el aire la posibilidad de que el MPF no consiguiera pruebas sobre la supuesta detención de la periodista, indicó que intensas investigaciones no pudieron demostrar que hubiera pasado.
