Buscan frenar impacto de narcoinfluencers en redes sociales
Las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para la influencia digital y el crimen organizado ha encontrado nuevas formas de seducir a los jóvenes. TikTok, Instagram, YouTube e incluso videojuegos en línea son ahora canales utilizados para promover una narrativa de poder, dinero fácil y pertenencia.
Ante esta realidad, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó una iniciativa que busca poner un alto a los llamados “narcoinfluencers” y proteger a la niñez mexicana de su impacto.
La propuesta, presentada en la Cámara de Diputados, contempla reformas al Código Penal Federal y a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de sancionar la apología del crimen organizado en medios digitales y castigar el reclutamiento de menores a través de plataformas virtuales.
La propuesta legislativa incluye tres medidas clave:
• Tipificación penal: Se adicionan los artículos 208 Bis y 208 Ter al Código Penal Federal, estableciendo penas de hasta 10 años de prisión y multas severas para quienes promuevan el crimen organizado o faciliten el reclutamiento digital de menores.
• Responsabilidad de plataformas: Se reforma la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para obligar a concesionarios y plataformas digitales a detectar, retirar y reportar contenidos que glorifiquen a grupos delictivos.
• Sanciones económicas: Se establecen multas para las plataformas que no cumplan con estas disposiciones, buscando cerrar espacios de impunidad digital.
Torres Cofiño advirtió que el crimen organizado ha sofisticado sus métodos de captación, utilizando contenidos atractivos y virales para seducir a niñas, niños y adolescentes. “No podemos permitir que se normalice la delincuencia y que las redes sociales se conviertan en trampas para nuestra juventud”, señaló el legislador.
La iniciativa parte de una preocupación creciente: la glorificación de figuras delictivas en redes sociales, que presentan una imagen aspiracional y distorsionada de la realidad. Esta narrativa, cuando no es regulada, puede convertirse en propaganda que pone en riesgo el desarrollo emocional, social y ético de las nuevas generaciones.
“El Estado tiene la obligación de actuar”, enfatizó Torres Cofiño, quien subrayó que la batalla contra el crimen organizado no solo se libra en las calles, sino también en las pantallas. La iniciativa busca generar un marco legal que permita frenar el avance de estos contenidos y proteger a los menores de edad de ser reclutados o influenciados por estructuras criminales.
Además, se plantea un llamado a la corresponsabilidad de las plataformas digitales, que deberán implementar mecanismos de monitoreo y reporte, así como colaborar con las autoridades para prevenir el uso del espacio virtual como herramienta delictiva.
