Río Nazas (EL SIGLO DE TORREÓN/RAMÓN SOTOMAYOR)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la decisión de iniciar a trámite la petición P‑2169‑25, presentada el 29 de agosto de 2025 por ciudadanos preocupados por el Río Nazas contra el Gobierno de México, en un esfuerzo colectivo por visibilizar el deterioro ambiental que afecta a la cuenca baja y exigir la responsabilidad de la autoridad.
La notificación, fechada el 12 de diciembre, marca un precedente sin igual, ya que por primera vez en la historia, el Gobierno de México deberá responder simultáneamente a dos procesos legales internacionales relacionados con presuntos daños ambientales en el Río Nazas y con la omisión de establecer un caudal ecológico que garantice su supervivencia.
El trámite iniciado por la CIDH no es un asunto meramente jurídico, representa un reconocimiento internacional a la lucha de comunidades que, desde hace años, denuncian la disminución del caudal, la contaminación y la degradación del ecosistema del Nazas, un río que ha sido fundamental para la vida económica, social y cultural de la Comarca Lagunera.
Para muchas familias, el deterioro del río no es una estadística, es la pérdida de agua para consumo humano, la reducción de tierras fértiles, la afectación a actividades agrícolas y ganaderas, y la amenaza a su identidad comunitaria. La apertura del proceso por parte de la CIDH coloca estas preocupaciones en el centro del debate interamericano.
De acuerdo con la notificación oficial, la CIDH remitió la petición al Gobierno de México y fijó un plazo de tres meses, prorrogable hasta un máximo de cuatro, para que el Estado presente sus observaciones. La Comisión señaló que no se otorgarán extensiones adicionales más allá de ese límite.
La comunicación fue enviada a través de Luz Elena Baños Rivas, embajadora y representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El inicio del trámite abre la puerta a un escrutinio internacional sobre las acciones y omisiones del Estado mexicano en torno al río Nazas. Para las organizaciones ambientales, este paso podría convertirse en un parteaguas en la defensa de los ecosistemas del país, especialmente en regiones donde la presión agrícola, industrial y urbana ha puesto en riesgo la disponibilidad de agua y la salud de los ríos.
La petición presentada por la asociación civil Prodefensa del Nazas ante la CIDH señala presuntas responsabilidades del Estado por el daño ambiental acumulado en la cuenca baja del Nazas y por la falta de un caudal ecológico que permita mantener el equilibrio natural del río. Este concepto, ampliamente reconocido en la legislación ambiental moderna, busca asegurar que los ríos conserven un flujo mínimo para sostener la vida y los servicios ecosistémicos.
El trámite iniciado por la CIDH no garantiza un resultado inmediato, pero sí coloca el tema en la agenda internacional y obliga al Estado mexicano a responder ante un organismo que vela por los derechos humanos en el continente.
