Hugo Gutiérrez Rodríguez.
Para anticiparse a una posible saturación en los centros penitenciarios, el Gobierno de Coahuila ha comenzado a liberar espacios mediante la preliberación de internos que cumplen con los requisitos legales, en respuesta al aumento de operativos y detenciones por delitos como el narcomenudeo.
El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Rodríguez, explicó que la medida forma parte de una estrategia preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y el Poder Judicial.
“Estamos trabajando de forma conjunta para que las personas privadas de la libertad que tengan derecho a una liberación anticipada puedan acceder a este beneficio”, indicó el funcionario.
Aunque Coahuila no enfrenta una crisis de hacinamiento, destacó que la liberación anticipada permite mantener el control poblacional en los penales y asegurar la disponibilidad de espacios en caso de nuevas detenciones, resultado del reforzamiento de cateos y órdenes de aprehensión.
Gutiérrez Rodríguez detalló que la decisión de preliberación se toma tras evaluar el tipo de delito, el tiempo cumplido de la condena, la salud, edad y condición física del interno. Aunque la edad no es un factor determinante, sí forma parte del análisis integral que realizan las autoridades competentes.
Actualmente, el estado cuenta con cuatro cárceles varoniles, localizadas en Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras, y tres femeniles, en Saltillo, San Pedro de las Colonias y Piedras Negras.
El penal femenil de Piedras Negras ya se encuentra certificado, y se trabaja para lograr lo mismo con los demás centros, particularmente el de Saltillo.
El titular de Seguridad Pública subrayó que los penales de Coahuila mantienen un estándar positivo en materia de trato digno, respeto a los derechos humanos y condiciones adecuadas de alimentación e infraestructura.
Finalmente, reiteró que estas acciones no responden a una emergencia carcelaria, sino a una política de previsión y fortalecimiento institucional, con el objetivo de asegurar que el sistema penitenciario se mantenga funcional ante el aumento en las detenciones.
