Comparece síndico de AHMSA ante comisión del senado

Víctor Manuel Aguilera Gómez, encargado de la liquidación de Altos Hornos de México, informó que la siderúrgica en quiebra acumula un pasivo superior a sesenta y un mil millones de pesos, pero anunció que hay 8 empresas interesadas en adquirirla.

Aguilera Gómez informó a la Comisión Especial para Revisar y Vigilar el Proceso de Quiebra de AHMSA, que la deuda incluye veintidós mil millones con acreedores financieros y diecisiete mil millones con dependencias gubernamentales federales diversas.

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Detalló también que otros veintidós mil millones corresponden a obligaciones pendientes con trabajadores y proveedores, situación que coloca a estos grupos en condición prioritaria durante cualquier liquidación futura.

Expuso el avance de actividades ordenadas para la etapa de quiebra, señalando toma de posesión de activos, inventarios completos y avalúos profesionales que definen el valor productivo empresarial.

Explicó que existen activos esenciales agrupados como unidad productiva, y activos no esenciales que se han vendido estratégicamente para financiar operación básica y mantener plantas funcionales.

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Altos Hornos de México lleva más de tres años sin producir y sin realizar ningún tipo de pago a los empleados

Dio a conocer que las bases para la convocatoria de subasta ya fueron entregadas a la jueza concursal, quien solicitó reprogramar actividades previas para su validación formal inmediata.

Aguilera mencionó que la nueva calendarización propone realizar la subasta durante enero de dos mil veintiséis, siempre que la autoridad judicial autorice los pasos procesales faltantes.

Aseguró que solicita la anuencia de los acreedores garantizados, quienes tienen derechos sobre la mayor parte de los activos productivos y cuya participación es indispensable para vender integralmente.

Advirtió que, sin esa anuencia, los acreedores podrían ejecutar separatorias y desmembrar activos críticos, debilitando cualquier posibilidad de reactivación industrial ordenada y perjudicando gravemente a trabajadores.

Señaló que ocho inversionistas nacionales y extranjeros ya se acercaron para manifestar interés, aunque la convocatoria permitirá recibir documentación formal antes de cualquier postura económica.

Indicó que, de autorizarse la convocatoria esta semana o la próxima, podría publicarse casi de inmediato, iniciando así el proceso de selección conforme al plan actualizado.

Precisó que, si en la primera subasta no se alcanza un valor razonable, sería necesaria una segunda, adaptada a condiciones reales que determine estrictamente el mercado.

El avalúo

Informó que el avalúo realizado por Levy Assets fijó un valor de mil trescientos veintiséis millones de dólares para la unidad productiva siderúrgica y minera integrada.

Ese instrumento establece un valor mínimo de referencia equivalente al ochenta y cinco por ciento, cifra estimada en alrededor de mil ciento veintisiete millones de dólares actualmente considerados.

Aguilera subrayó que el valor definitivo no lo decide la autoridad concursal ni los acreedores, sino el mercado, que definirá si la empresa vale más o menos.

Expuso que acreedores consideran bajo el avalúo, mientras inversionistas lo perciben alto, generando paradoja que solo la puja transparente permitirá resolver de manera objetiva.

Detalló el orden legal de pago: primero créditos laborales preferentes, luego créditos garantizados, posteriormente créditos laborales no preferentes y finalmente créditos comunes y subordinados.

Reconoció como muy difícil que alcancen recursos para cubrir créditos fiscales o comunes, dada la magnitud de adeudos preferentes y garantizados acumulados durante años.

Alertó que no resolver pronto provocaría cierre definitivo, pérdida de más de diez mil empleos directos y afectación económica severa en la región centro y carbonífera.

Señaló riesgo para veintiséis mil proveedores y afectación general al clúster productivo regional, cuyo dinamismo económico depende de reactivación y continuidad del complejo siderúrgico.

Afirmó que siguen existiendo obstáculos e intereses particulares que frenan la venta, y pidió cooperación total para evitar prolongación de procesos que históricamente perjudican a trabajadores.

Advirtió que los concursos que duran años terminan con pagos reducidos o tardíos y afectan directamente derechos laborales preferentes que deben ser prioridad absoluta estatal.

Explicó que una venta exitosa permitiría recuperar empleos en niveles que dependa el nuevo inversionista, reactivar minas de hierro y carbón y estabilizar economía regional.

Recordó que reactivar AHMSA permitiría cumplir compromisos federales y rescatar cadena productiva CEDEBIT, indispensable para competitividad industrial nacional y regional en el largo plazo.

Concluyó afirmando que su misión principal es lograr que la empresa vuelva a operar porque es la única vía para pagar créditos laborales preferentes de miles.

Reiteró que, sin venta y sin operación, ni siquiera esos créditos podrían cubrirse y la afectación para trabajadores, proveedores y comunidad sería irreversible y devastadora.