Conagua logra recaudación histórica en 2025 con más de 30 mil millones de pesos
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) cerró 2025 con un crecimiento histórico en materia de recaudación, al superar los 30 mil millones de pesos. Este logro se alcanzó con un esfuerzo coordinado de revisión fiscal, asesoría personalizada y trabajo conjunto con municipios, organismos operadores y empresas, lo que permitió consolidar recursos que se puedan traducir en una gestión más sostenible del agua.
La dependencia informó que durante el año se realizaron 106 reuniones con presidentes municipales y organismos operadores, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de obligaciones fiscales a nivel local. Como resultado, el pago de derechos de agua se incrementó en más de 440 millones de pesos.
En el marco del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, se brindó atención a 59 empresas que buscaban regularizar el pago de sus derechos. Estas mesas de trabajo permitieron consolidar casi 34 millones de pesos adicionales.
Diversas empresas destinaron 82 millones de pesos para retrasar la caducidad de derechos de agua, mientras que la revisión de la situación fiscal de grandes usuarios y los procedimientos correspondientes generaron una recaudación de casi 84.5 millones de pesos.
El otorgamiento de facilidades de pago también fortaleció la recaudación, con más de 106 millones de pesos recuperados. Por concepto de contribuciones de mejoras se lograron casi 79 millones de pesos.

Uno de los pilares de este crecimiento fue la atención directa a los usuarios. Conagua brindó más de 6 mil 400 asistencias personalizadas al contribuyente, lo que permitió hacer más eficiente y ágil el proceso de declaración. Con este acompañamiento, se recaudaron aproximadamente 7.5 millones de pesos adicionales.
El incremento en la recaudación permite avanzar en proyectos de infraestructura, mejorar la distribución del agua y garantizar que este derecho humano sea accesible para más comunidades.
Conagua reiteró su compromiso de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de agua, no solo como un ejercicio administrativo, sino como una estrategia para asegurar la sustentabilidad del recurso más vital para la población.