Exigen abrogar la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua
En un llamado urgente a la justicia hídrica, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) advirtió que los graves problemas del sistema de concesiones en México solo podrán corregirse mediante la abrogación definitiva de la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
Elizabeth Estrada Macías, representante de la contraloría autónoma del agua en la región lagunera, enfatizó que la Constitución exige una nueva legislación que garantice el acceso equitativo y sustentable al agua, con participación ciudadana y de los tres niveles de gobierno.
Señaló que desde su promulgación, la LAN ha sido señalada por facilitar el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la corrupción en el manejo del agua. Según la CNAA, estos problemas se han agravado por la falta de mecanismos de control y transparencia, y por una visión mercantilista del recurso hídrico. “La única manera de corregir este desastre es mediante procesos participativos, cuenca por cuenca y acuífero por acuífero”, afirmó Estrada Macías.
La organización celebra las intenciones expresadas por el Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, quien en la conferencia mañanera del 24 de septiembre de 2025 anunció la presentación de una nueva Ley General de Aguas (LGA). Sin embargo, la CNAA expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que esta nueva ley conviva con reformas a la LAN, lo que fragmentaría el marco jurídico y debilitaría el derecho humano al agua.
La CNAA insiste en que el agua no puede ser regulada por dos leyes distintas. “No se puede proteger los derechos hidrocráticos en una ley, mientras que el derecho humano al agua se reduce a un servicio municipal medible en litros por persona por día”, señalaron. Esta dualidad legal, advierten, podría perpetuar un sistema de privilegios para grandes usuarios, mientras se relega a comunidades vulnerables.
Además, critican el llamado “Acuerdo Nacional”, que ha promovido la “donación temporal” de volúmenes de uso agrícola por parte de Distritos de Riego con concesiones sobredimensionadas. Para la CNAA, muchos de estos volúmenes deberían extinguirse por falta de pago de derechos, y no ser reciclados en acuerdos que mantienen la impunidad fiscal.
La CNAA recordó los avances logrados por la LXIV Legislatura, que desde 2018 impulsó la creación de una Ley General de Aguas con base en la Iniciativa Ciudadana respaldada por cientos de foros desde 2012. Entre los componentes clave de esta propuesta destacan:
- Planeación conjunta entre gobiernos y ciudadanía para corregir el acaparamiento
- Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus aguas
- Fortalecimiento de sistemas comunitarios de abastecimiento
- Eliminación de fuentes de contaminación y resarcimiento de daños
- Prohibición del uso de agua para minería tóxica y fracking
- Evaluaciones públicas de megaobras hidráulicas
- Democratización de los servicios de agua y prioridad a usuarios domésticos
- Acceso pleno a la información y recursos públicos suficientes
- Reconocimiento de las Contralorías del Agua como aliadas contra la corrupción
La CNAA ha entregado documentos a Conagua identificando irregularidades en concesiones regionales, pero lamenta la falta de respuesta. “Nos sorprende la insistencia en defender la ley salinista y en imponer megaobras hidráulicas que beneficiarían a ciudades con redes ineficientes, mientras se ignoran las necesidades de los pueblos”, denunciaron.
Finalmente, la organización reiteró su disposición a colaborar con el gobierno para enfrentar los retos hídricos del país, pero rechazó cualquier intento de crear un “apartheid hídrico” que blinde los derechos de grandes usuarios y relegue el derecho humano al agua. “Requerimos una claridad judicial: el agua es una; una sola ley”, concluyeron.
