En Dinamarca, la distribución de medicinas la hace el sector privado. Tienen el conocimiento, la logística y los puntos de venta (Mariana Campos, https://shorturl.at/Mvv7M). En México, el gobierno morenista ha experimentado sin éxito hasta ahora desde la megafarmacia hasta puestos callejeros con las medicinas que más necesitan los adultos mayores.
En Dinamarca hay confianza entre gobierno y empresarios. El gobierno busca la solución óptima para los ciudadanos. Si se presenta algún problema contractual hay mecanismos confiables para determinar de quién es la responsabilidad. El gobierno concentra sus esfuerzos en lo que los privados no pueden hacer, como brindar seguridad e impartir justicia.
Sheinbaum ha concentrado el poder en este intenso año legislativo que termina con la nacionalización del agua. Ha ido eliminando los obstáculos para poder implementar su visión de la economía. Todo aquello contra lo que AMLO se topó en sus obras insignias o políticas públicas preferidas ha sido desmantelado.
Muchas de esas reformas tienen cierta lógica. Sin duda en el pasado ha habido abusos, desde el amparo fiscal hasta las concesiones de agua. Pero el nuevo marco legal genera un desbalance estructural a favor del gobierno. Por ejemplo, si este cree que no se han pagado bien los impuestos, el presunto evasor no tiene mecanismos institucionales para defenderse. No sólo tendrá que pagar multas y recargos, sino que en cualquier momento lo pueden acusar penalmente. En contraste, los 4 mil millones de pesos tirados en la megafarmacia no son responsabilidad de nadie.
Ahora vamos a tener un nuevo Consejo para la Promoción de Inversiones orientado al Plan México. La idea, en palabras de Sheinbaum, es "fortalecer la inversión pública y lo que hemos llamado 'la inversión mixta' para la infraestructura en nuestro país.". Lo conforman quince empresarios en quienes confía, mismos que han tenido una relación constructiva con el gobierno.
Sin embargo, más allá de esta lista, la desconfianza entre el gobierno y la clase empresarial es mutua y profunda. Para el gobierno, los empresarios en general son abusivos, explotadores, tramposos y no pagan impuestos. El nuevo modelo trata de tener más poder sobre ellos. Para la mayoría de los empresarios el gobierno es incompetente, corrupto, gasta mal sus impuestos y no entiende nada de negocios.
Hay una disonancia entre lo que el gobierno quiere y lo que los empresarios pueden. Pongamos el caso del petróleo: el gobierno ha diseñado reglas de asociación basadas en el principio de que Pemex pone las reservas (que le han sido regaladas por el erario) y el inversionista aporta el dinero y la tecnología. ¿Cómo determinar el valor de esas reservas y cuánto le toca a cada una de las partes si la inversión da frutos? El gobierno quiere quedarse con una parte importante de los beneficios, pero que los inversionistas asuman el riesgo geológico de no encontrar crudo que sea rentable extraer. No se ha firmado un solo contrato. Como el proceso se mueve en la opacidad, no se sabe muy bien que está sucediendo, pero pareciera que las grandes empresas internacionales ni siquiera han mostrado interés en presentar una oferta.
El mismo reto tendrá el gobierno para atraer inversiones en infraestructura o en cualquier otro sector. Los empresarios no van a invertir si no creen que va a haber un retorno suficiente. Entre más incertidumbre, más alto será el rendimiento esperado que necesitan para arriesgar sus recursos.
Hoy tienen una certeza: si surgiera una diferencia con el gobierno, van a perder en las instancias institucionales. Para los quince en la mesa, la palabra de la Presidenta puede ser suficiente, pero, ¿para el resto? Además, en un régimen centralizado y permeado por la corrupción, más de un empresario será chantajeado o extorsionado por algún funcionario, un costo adicional de hacer negocios en México, sin que ella se entere. Seguirá la desconfianza.
ÁTICO:
En un régimen centralizado y permeado por la corrupción, más de un empresario será chantajeado o extorsionado por algún funcionario.
