Fernando Rodríguez González muestra la denuncia presentada contra los policías que terminaron despedidos tras la investigación que se les realizó por la acusación de extorsión.
La Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Frontera, Coahuila, resolvió destituir e inhabilitar por un periodo de seis años a los elementos Samuel y Roberto “N”, señalados en un procedimiento administrativo por su presunta participación en un acto de extorsión contra un ciudadano.
La resolución, emitida dentro del expediente 01/2025 de la Comisión de Honor y Justicia, firmada por el presidente de la misma y director de Seguridad Pública Municipal, Fernando González Dodero y por el secretario técnico Gustavo Pacheco Lira.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 2 de septiembre de 2025, cuando Fernando Rodríguez González, presidente del partido estatal México Avante presentó una denuncia ante la Dirección de Seguridad Pública de Frontera, que sustentó con un video transmitido en vivo a través de la página en Facebook de su organismo político. En el material se observaba a los agentes señalados mientras presuntamente solicitaban una transferencia electrónica a un conductor, configurando así el delito de extorsión.
Durante el proceso, ambos elementos presentaron su renuncia voluntaria, sin embargo, la Comisión determinó que el procedimiento debía continuar, ya que los hechos denunciados constituyen un delito que se persigue de oficio. En la audiencia celebrada el 9 de octubre de 2025, se confirmó que los policías no habían sido inscritos aún en el Registro Estatal de Seguridad Pública en tanto no se dictara una resolución definitiva.
Comisión de Honor y Justicia declara procedente la sanción
Tras analizar las pruebas y fundamentos legales, la Comisión determinó que la terminación de los nombramientos de ambos policías fue procedente y que sus actos contravinieron los principios de legalidad, honradez y profesionalismo que deben regir la función policial. Asimismo, se resolvió que los ahora ex elementos deberán quedar inhabilitados por seis años para ocupar cargos dentro de cualquier corporación de seguridad pública.
El fallo también ordena al municipio de Frontera cubrir las prestaciones laborales correspondientes a los ahora ex policías, incluyendo el pago proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, así como expedir una constancia oficial donde se indique la causa de su baja.
Se notificará a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Además, se instruyó la inscripción de ambos elementos en el Registro Nacional y Estatal de Personal de Instituciones de Seguridad Pública, con el motivo de su separación, para impedir que puedan reincorporarse a cuerpos policiacos en cualquier nivel de gobierno.
Finalmente, la resolución ordena dar vista de la decisión a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, y archivar el expediente como asunto concluido. La Comisión enfatizó que este tipo de resoluciones buscan preservar la honorabilidad de las instituciones policiales y combatir con firmeza las conductas que lesionan la confianza ciudadana.
Fernando Rodríguez González celebró el resultado del proceso interno llevado a cabo por Seguridad Pública de Frontera contra los policías por los actos de corrupción cometidos. Sostuvo que no se trata y procede por colores o partidos políticos, sino por la justicia y para proteger y salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
