Detectan a empresa que vertió 3 toneladas de baterías en Ramos Arizpe de manera ilegal
El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, dio a conocer que se logró ubicar a los responsables de tirar de manera ilegal de tres toneladas de baterías usadas en un arroyo cercano a la comunidad de Cañada Ancha.
Añadió que las autoridades ya clausuraron la empresa responsable, presentaron denuncias formales y confirmaron que se trató de un acto reincidente.
Gutiérrez Merino informó que este hecho, calificado como “un ecocidio”, fue posible de ser atendido gracias a la participación activa de dos ciudadanos, quienes brindaron información clave que permitió identificar tanto al responsable directo como a la empresa desde donde salieron los tres mega contenedores con los residuos tóxicos.
“Se colocaron sellos de clausura a la empresa involucrada, se decomisó un vehículo utilizado para el traslado de las baterías, y ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Ministerio Público”, señaló el edil.
Aunque por disposiciones legales no se ha revelado públicamente el nombre de la empresa, el Alcalde precisó que el establecimiento está ubicado en el ejido Cañada Ancha y que ya había sido clausurado un año atrás por irregularidades similares, entre ellas la falta de permisos de uso de suelo y licencias de operación.
Además, se detectó que al interior de sus instalaciones hay acumulación de residuos plásticos y otros materiales contaminantes, lo que representa un foco de alto riesgo ambiental.
El individuo que fue detenido tras ser identificado como quien arrojó las baterías al arroyo, ya rindió su declaración ante el Ministerio Público y fue liberado mientras se reúnen más pruebas para integrar la carpeta de investigación.
“La empresa ha demostrado total irresponsabilidad ambiental. No podemos permitir que esto quede impune”, subrayó Gutiérrez Merino.
El Alcalde también informó que el incentivo económico de 50 mil pesos ofrecido por el Ayuntamiento será entregado a los dos ciudadanos denunciantes, quienes aportaron fotografías, ubicación exacta y datos de los vehículos implicados. Cada uno recibirá 25 mil pesos por su contribución a la justicia ambiental.
Aunque las multas aún serán determinadas por la Profepa, el Gobierno Municipal ya clausuró de manera definitiva el predio e iniciará procedimientos por uso de suelo indebido, violaciones a normativas ecológicas y de protección civil.
“Esta clausura es definitiva. No volveremos a permitir operaciones de este tipo en nuestro territorio. Ya es la segunda ocasión en que esta empresa incurre en delitos ambientales y actuaremos con toda firmeza”, finalizó.
