La compañía checa Draslovka Holdings A.S., empresa de tecnologías químicas y mayor proveedora mundial de productos de cianuro de sodio, insumo utilizado para la minería de oro a cielo abierto, ha presentado un arbitraje de inversiones contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Grupo Banco Mundial, con sede en Washington, Estados Unidos. Reclama haber sufrido pérdidas por daños valorados en unos 240 millones de dólares (MDD) por la ruptura del acuerdo de desmantelamiento de la fábrica de cianuro -antes The Chemours Company- de La Laguna, en el norte de México.
El CIADI, del Banco Mundial, es un tribunal de justicia transnacional por encima de las leyes nacionales, en el que las grandes corporaciones pueden doblar a cualquier Estado.
Creado en 1966, el CIADI ha revivido en los últimos años, dinamizado por el modelo neoliberal en el que las compañías transnacionales ocupan la institución como espacio preferido para demandar a los Estados que considera interfieren en sus objetivos.
Las transnacionales aprovechan el tribunal para arrancar indemnizaciones multimillonarias a los Estados. El Banco Mundial funge como juez y parte en los procesos.
El 18 de febrero de 2025, el Secretario General del CIADI registró la solicitud de la reclamante Draslovka Holdings A.S., de República Checa, para iniciar el procedimiento arbitral.
El 24 de febrero, tras su nombramiento por la parte demandante, José Martínez de Hoz -argentino/italiano- aceptó su designación como árbitro.
Es decir, Draslovka como demandante nombró al árbitro.
Esto hace al CIADI un organismo desequilibrado y explica porqué toma partido siempre por las grandes corporaciones.
El procedimiento se suspendió en tres ocasiones -14 de mayo, 4 de agosto y 16 de septiembre-, "de conformidad con el acuerdo de las partes", dice la información.
En la última ocasión, el procedimiento se suspendió hasta el 29 de septiembre de 2025.
El estado del procedimiento es, entonces, "pendiente", hasta la fecha.
Por lo demás, el CIADI es un tribunal antidemocrático porque delibera a puertas cerradas y sus decisiones son inapelables.
Y extremadamente caro para el sostenimiento de todo tipo de casos, que incluyen el pago de honorarios del árbitro, abogados -que en Washington cobran por hora-, expertos y viajes.
El instrumento invocado por Draslovka es el Tratado Bilateral de Inversiones México-República Checa del 2002.
La norma aplicable: el Convenio del CIADI - Reglamento de Arbitraje.
La trasnacional del cianuro Draslovka tiene como representante legal ante el CIADI a la firma Reed Smith -con sede en Miami, Florida, Estados Unidos- y su equipo de abogados formado por Francisco A. Rodríguez, José I. Astigarraga, Gilberto A. Guerrero-Roca y Ana R. Ulseth.
La sede del arbitraje propuesta es Washington. El idioma, el inglés; "sin requerir la traducción de los documentos originales en español".
La demandada por la compañía checa Draslovka Holdings A.S., es la "Dirección General de Asesoría Jurídica de Comercio Internacional. Secretaría de Economía, Ciudad de México, México".
En su alegato de reclamación de 240 MDD, Draslovka dice que el 9 de septiembre de 2024 notificó formalmente a México de su intención de iniciar el arbitraje de inversiones ante el CIADI por sus pérdidas en la planta de cianuro de sodio en La Laguna, en Gómez Palacio, estado de Durango.
Denunció la compañía lo que llamó ruptura del acuerdo de desmantelamiento de la planta y la "imposibilidad de acceder para recuperar el material destruido y dañado por los ocupantes de la planta, a pesar de varias sentencias judiciales a favor del acceso de los empleados de la checa".
Y vino la demanda: "Draslovka reclama haber sufrido pérdidas por daños valorados en unos 240 millones USD".
Draslovka, fábrica mundial de cianuro, invoca ante el CIADI el incumplimiento por parte de México de proveer protección y seguridad a sus inversiones, de "expropiación sin compensación" y de violar el debido proceso, de ofrecer un trato justo y equitativo y de no conceder un trato menos favorable que el concedido a sus propios inversores.
Un párrafo del alegato es el siguiente: "Draslovka denuncia que México le ha privado de su inversión en la planta de cianuro de La Laguna, "medioambientalmente sostenible" y que ocupa una extensión de 90 hectáreas de propiedad industrial, adquirida a la minera Chemours en 2021 -que invirtió en su construcción 188 millones USD- y en la que nunca se permitió reanudar la construcción".
Dice la compradora de The Chemours Company que "las autoridades del estado de Durango se negaron a expulsar a los ocupantes de la planta 'o a hacer cumplir de otro modo las decisiones judiciales y la ley a favor', lo que aumentó el bloqueo de la propiedad".
Y califica a pobladores del área de Dinamita, Durango, de "invasores", como refleja otro párrafo del alegato:
"La compañía checa Draslovka denuncia que México 'ha permitido que un grupo de invasores políticamente influyentes tome la planta por la fuerza y destroce millones de dólares en equipos con total impunidad'".
Se dice amenazada la poderosa industria del cianuro, según sus abogados: "Explica que sus peticiones de seguridad y protección fueron en vano y que las autoridades del estado de Durango la amenazaron con que cualquier intento de recuperar la posesión de la planta podría dar lugar a acciones penales".
Como se recuerda, Draslovka adquirió en 2021 la división de minería de la empresa estadounidense de cianuro The Chemours Company para ampliar su actividad en México.
En México se topó con fuerte resistencia comunitaria y en diciembre de ese año decidió retirarse del proyecto de construcción de la planta que The Chemours había iniciado en Gómez Palacio, Durango, envuelta en años de disputas con pobladores que lograron evitar la instalación de la fábrica, desde 2017.
Ahora va al tribunal de trasnacionales.
No te dobles, país.
@kardenche