Manifestación en una granja de California contra los operativos violentos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Foto: Getty Images/ Mario Tama
Los partidos de ultraderecha han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años desde la primera victoria del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy, el país norteamericano vive una guerra ideológica impulsada por facciones fuertemente conservadoras, cristianas, con tendencias racistas, antimigratorias y proteccionistas. Si bien podría parecer un movimiento sociopolítico actual, representa un punto de inflexión que tiene sus orígenes décadas atrás.
Wisconsin Watch, un medio de investigación independiente —no partidista— de Estados Unidos, sostiene que la influencia de la derecha cristiana americana influyó directamente en las elecciones de 2024. Este sector social se ha convertido en una fuerza cada vez más poderosa en el país, con presencia en todos los niveles, abarcando desde las juntas escolares —con mayor impacto en los estados del sur, como Texas, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Louisiana, Arkansas y Georgia, principalmente— hasta el propio Capitolio.
El antecedente más reciente de esta expansión político-religiosa en Estados Unidos se remonta a la década de 1970, cuando una derecha cristiana aún naciente consideró y temió que su influencia en la sociedad estuviera disminuyendo. Fallos de la Suprema Corte en Washington habían prohibido la oración y la lectura de la Biblia en escuelas públicas. En 1973, una sentencia del Tribunal Supremo en el caso Roe contra Wade reconoció el derecho a la interrupción del embarazo y que este correspondía exclusivamente a la persona gestante, no al gobierno, fuera local, estatal o federal.
Sectores conservadores condenaron el fallo y presentaron una serie de recursos que buscaron, sin éxito, su derogación. Sin embargo, en 2022, con presión de los ultraderechistas y bajo el cobijo del Partido Republicano y la misma Casa Blanca, se suprimió el derecho fundamental al aborto.
La anulación del fallo en el caso Roe contra Wade por el caso Dobbs contra la Organización de Salud de Mujeres de Jackson rompió con casi 50 años del precedente histórico y propició una serie de consecuencias legales que perduran, hoy por hoy, en más de una docena de entidades de la Unión Americana, principalmente en aquellas gobernadas por republicanos.
El fallo Dobbs ha provocado que, tras la criminalización del aborto, cientos de miles de mujeres tengan que verse obligadas a viajar fuera de sus fronteras estatales para poder acceder a la interrupción de la gestación. No obstante, en algunos casos enfrentan sanciones legales —incluso también los médicos— y son obligadas a gestar y dar a luz en contra de su voluntad.
Tal fue el caso de Adriana Smith, mujer embarazada de dos meses que fue declarada con muerte cerebral en Georgia, el 19 de febrero. El equipo clínico actuó de acuerdo a las estrictas leyes antiaborto en dicha entidad, que exigían que la paciente permaneciera con soporte vital.
La ley, dictada en 2019 pero impulsada después de que la Corte Suprema federal anulara el fallo Roe contra Wade en 2022, restringe el aborto una vez que se detecta actividad cardíaca en el embrión, misma que ocurre entre la quinta o sexta semana de gestación —cuando el producto todavía no es un feto—, lo que complica a las mujeres saber si están o no embarazadas previo a hacerse una prueba.
En mayo, la madre de Adriana Smith consideró que la ley dejó a la familia sin voz sobre el caso de su hija, obligándoles a continuar con la gestación pese al estado médico de la mujer.
Una declaración recogida por Los Angeles Times de David S. Cohen, profesor de la Facultad de Derecho Thomas R. Kline de la Universidad de Drexel en Filadelfia, dice que el hospital podría estar más preocupado por la ley que otorga al feto derechos legales como “miembro de la especie homo sapiens”.
Según Cohen, esto pudo llevar al centro a considerar a Smith y al feto como dos pacientes y que, una vez que Smith requirió soporte vital, tenían la obligación legal de mantener al feto con vida, incluso después de la muerte de la madre.
“Este es el tipo de casos sobre los que los profesores de derecho llevan hablando mucho tiempo cuando se refieren a la personalidad jurídica del feto”, puntualizó el abogado.
EDUCACIÓN
Las iniciativas y controversias presentadas por los conservadores estadounidenses también se han visto reflejados en las escuelas públicas. En junio de 2025, Texas se convirtió en el último estado gobernado por el Partido Republicano en aprobar una serie de leyes que ordenan a las instituciones educativas la exhibición de los Diez Mandamientos cristianos en cada aula pública de la entidad.
Actualmente están expuestos más de nueve mil veces ante 5.5 millones de estudiantes que iniciaron su periodo escolar en septiembre.
Si bien la ley aprobada por el gobernador Greg Abbott reza que los menores deberán tener consentimiento explícito de sus padres para leer la Biblia y orar de forma voluntaria, organizaciones familiares —apoyadas por grupos cristianos, judíos y musulmanes— argumentaron ante el Tribunal Federal en Dallas que la ley viola la Primera Enmienda de la Constitución, la cual prohíbe al gobierno establecer una religión oficial o interferir en el libre ejercicio de las creencias individuales. Los demandantes consideran que las exhibiciones de los Diez Mandamientos podrían presionar a los alumnos a adoptar una doctrina religiosa particular.
Organizaciones como Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Fundación para la Libertad de Religión han acusado que las aulas se convierten en frentes ideológicos.
En junio de 2024, Louisiana aprobó una ley similar a la firmada por Abbott. Reconocida como HB-71, la normativa exigía colgar en las aulas públicas tanto los Diez Mandamientos como algunos documentos históricos, incluida la Declaración de Independencia. Cabe recalcar que dicha legislación fue suspendida por un juez federal en noviembre y el Quinto Circuito ratificó el fallo siete meses más tarde. Ese tribunal tiene jurisdicción sobre Texas.
Los jueces declararon que la ley de Louisiana era “claramente inconstitucional”, pues tenía una intención más religiosa que educativa.
Por su parte, la gobernadora Sarah Huckabee Sanders autorizó en Arkansas, en abril de 2024, una norma que obliga a exhibir los Diez Mandamientos en los edificios públicos, entre ellos las instituciones educativas y bibliotecas.
La ACLU y siete familias de ese estado demandaron a la administración pública de Huckabee el 11 de junio de ese año. “El derecho a decidir qué creencias religiosas seguir, si las hay, pertenece a las familias y las comunidades religiosas, no al gobierno”, manifestó John Williams, director legal de la ACLU en Arkansas. “No permitiremos que los políticos abusen de nuestras escuelas públicas para imponer las Sagradas Escrituras a los niños”, agregó.
Los políticos republicanos de dichas entidades sostienen que exhibir los Diez Mandamientos en espacios públicos constituye un acto patriótico. El presidente Donald Trump, por su parte, dijo en sus redes sociales: “Me encantan los Diez Mandamientos en las escuelas públicas, privadas, y en muchos otros lugares. Léanlos. ¿Cómo podemos equivocarnos como nación?”. Añadió que “este podría ser, de hecho, el primer gran paso en el reavivamiento de la religión, que se necesita con desesperación en nuestro país”.
PROYECTO 2025: FUNDACIÓN HERITAGE Y EL IMITADOR INTERNACIONAL
Una lista de “deseos”, un documento conformado por más de 900 páginas de propuestas políticas que, desde su primera difusión, buscaban ampliar el poder presidencial en Estados Unidos e imponer una visión social ultraconservadora.
Durante su campaña presidencial, Donald Trump repudió el Proyecto 2025 presentado por la Fundación Heritage, mostrando una reacción negativa hacia algunas de sus ideas más radicales. No obstante varios de sus autores financiaron su campaña, fueron nominados para puestos clave en el gobierno y actualmente desempeñan cargos en la administración federal de Estados Unidos. El caso más destacable es el del vicepresidente J.D. Vance.
La Fundación Heritage, una de las organizaciones de derecha más prominentes de este país, elaboró el primer documento en 1981, cuando Ronald Reagan estaba por asumir la presidencia, como una guía para futuras administraciones republicanas.
Si bien el último conjunto de recomendaciones salió a la luz pública en abril de 2023, pasó desapercibido hasta que inició la carrera presidencial con la que Donald Trump asumiría su segundo mandato no consecutivo.
El documento establece directrices políticas como: restaurar la familia como eje central de la vida estadounidense; desmantelar el estado administrativo; defender la soberanía y las fronteras de la nación y garantizar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente.
Las propuestas sirvieron de base para las primeras órdenes ejecutivas de Trump. Asimismo, el proyecto planteó que toda la burocracia federal, incluidas las agencias independientes como el Departamento de Justicia, se colocaran bajo el control directo del presidente, una idea polémica conocida como “teoría del ejecutivo unitario”.
Las iniciativas también incluyeron la eliminación de la protección laboral para miles de empleados públicos, que podrían ser reemplazados por personas designadas políticamente, asignaciones que se llevaron a cabo a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), órgano no oficial creado por Trump y que estuvo bajo la dirección del magnate Elon Musk.
A través del DOGE se impulsaron recortes de miles de millones de dólares en gasto federal, principalmente mediante la eliminación de organismos y despidos masivos de funcionarios públicos, la mayoría de bajo nivel.
Si bien otros puntos del Proyecto 2025 —como las redadas contra migrantes irregulares, penalización del aborto, eliminación de los programas de diversidad e inclusión, etcétera— ya formaban parte de la agenda de Trump desde antes de llegar a la Casa Blanca, en otros países algunos políticos ultraconservadores han logrado ocupar puestos de mando al aprovechar el impulso internacional que están teniendo las propuestas de la Fundación Heritage.
¿LATINOAMÉRICA CONSERVADORA?
En América Latina, el descontento social y el fracaso económico de algunos países del Cono Sur ha sido objeto de estudio en lo que refiere al auge de la derecha en la región, que ha creado políticas similares a las presentadas por los gobiernos conservadores de Estados Unidos.
Para Pablo Semán, sociólogo y antropólogo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), las derechas han conseguido, en los últimos años, captar mejor que las izquierdas una serie de demandas que fueron ganando lugar en la agenda pública, como la seguridad, la lucha contra la corrupción y el crecimiento económico. “Son todas cuestiones que los gobiernos de izquierda o bien atendieron parcialmente y luego dejaron de atender, o bien no atendieron casi nunca. Y son problemas que además son estructurales de América Latina desde los tiempos de la independencia, por lo que tienen un peso”.
Un estudio liderado por Cristóbal Rovira Kaltwasser, de la Universidad de Chile, sobre el apoyo a las ultraderechas en Argentina, Brasil y Chile, y publicado en agosto de 2024, encontró que, aunque cuentan con un apoyo de aproximadamente un 30 por ciento del electorado, en los tres países el rechazo a las tendencias conservadoras es del doble.
“Aglutinar a un 25 o 30 por ciento de la población en torno a ideas de ultraderecha no es poco, pero tampoco significa que estos actores van a ser hegemónicos en América Latina por muchísimo tiempo”, explicó Rovira Kaltwasser. “Si uno llega al poder por el voto castigo, su base de sustentación es volátil, y uno puede ser castigado por esos mismos votantes después”. Es lo que se observa en las derrotas de Donald Trump y Jair Bolsonaro después de sus primeros mandatos, ejemplificó.
Actualmente, los principales aliados de Estados Unidos en la región, Javier Milei de Argentina y Daniel Noboa de Ecuador, han buscado estrechar lazos con Washington, favoreciendo las políticas de Donald Trump fuera de sus límites en el Cono Norte. Esto incluye el respaldo total a las acciones bélicas de Israel contra la comunidad palestina en la Franja de Gaza tras la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023 luego de los ataques terroristas de Hamás.
En el caso ecuatoriano, Daniel Noboa ha favorecido la presencia de bases militares estadounidenses y facilitado acuerdos comerciales con Washington. Por su parte, Milei ha estrechado un fuerte lazo ideológico con Trump y creado una cooperación inédita con Estados Unidos tras las pasadas administraciones kirchneristas.
Más allá de los acuerdos que puedan firmarse, existe un alineamiento de peso en el plano simbólico entre distintos gobiernos latinoamericanos y la administración de Donald Trump. “Hay una dinámica regional de retroalimentación mutua entre las extremas derechas, porque Jair Bolsonaro, durante su mandato en Brasil, y Trump se habilitaron recíprocamente en su momento, pero luego ocurrió que Milei se transformó en un ícono, y eso le permitió decir a Trump cosas cada vez más radicales, y luego la radicalización de Trump le permitió a Milei dar unos pasos más hacia el extremo”, explicó Semán.
“Obviamente que, al representar al país más poderoso del mundo, Trump tiene una influencia importantísima para América Latina, pero no descartaría el carácter ejemplar de las experiencias de Bolsonaro y de Milei, o incluso la de (Nayib) Bukele (presidente de El Salvador), para las ultraderechas contemporáneas en general”, agregó Semán.
Más allá de los resultados electorales en cada país, la ultraderecha se ha constituido en un actor político ineludible de una actualidad marcada por la debilidad democrática, la volatilidad electoral y la crisis económica en América Latina. Sus exponentes han logrado instalar una agenda con posibilidades de sobrevivir incluso más allá de que los gobiernos fracasen en su intento por llevarla adelante.
CONTRAPESO IDEOLÓGICO, DICTADURAS Y ENFRENTAMIENTOS POLÍTICOS
Gobiernos de izquierda y centroizquierda en América Latina se han mostrado como un contrapeso ideológico y político para Estados Unidos y sus aliados en la región.
México y Brasil han promovido acciones y negociaciones cautelosas con la Casa Blanca para evitar sanciones que afecten la economía de ambas naciones, sin embargo, la volubilidad de Donald Trump ha generado roces dentro de las esferas políticas de ambos países.
En México, las preocupaciones giran en torno a la guerra arancelaria de Estados Unidos. Con frontera compartida y siendo el principal socio comercial de Washington, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido cautelosa en sus posicionamientos hacia las políticas establecidas por la Casa Blanca, pero no sin dejar de refrendar la defensa de la soberanía nacional sobre los intereses de gobiernos externos.
Actualmente México emprende negociaciones con regularidad en diferentes materias, principalmente económica y de seguridad, mismas que involucran temas como frontera, migración y cooperación contra el narcotráfico.
La política impulsada por el Departamento de Guerra (anteriormente Defensa) de Estados Unidos en su ahora guerra contra el narcotráfico trajo consigo una serie de operaciones no vistas en América Latina desde la Operación Causa Justa, que consistió en el envío masivo de tropas estadounidenses a Panamá entre 1989 y 1990 y que tuvo como objetivo principal, según Washington, el derrocamiento de la dictadura militar de Manuel Noriega, acusado de narcotráfico y extorsión por el Departamento de Justicia.
Los temores respecto a las actuales acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico se justifican en el hecho de que hay paralelismos con la presión actual sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Desde las históricas protestas del 28 de junio de 2024 en el país sudamericano, las exigencias de un cambio de régimen se volvieron un foco de atención prioritario para la administración Trump.
En el número 475 de esta revista, publicado el 31 de agosto de 2024, el embajador Jorge Álvarez Fuentes, también columnista de El Siglo de Torreón, sentenció que “el chavismo está en una verdadera encrucijada”, luego de que buscara consumar su tercera reelección.
Al concretarse la maniobra electoral altamente cuestionada por gobiernos de América, Europa y Asia, la presión no cedió; al contrario, incrementó.
En la misma publicación, Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México e historiador, recordó que “el interés que puedan mostrar algunos países de la región en la estabilidad política de Venezuela está enteramente ligado a Estados Unidos”.
Si bien el impulso contra la nación sudamericana ha incrementado con la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford en las costas venezolanas y los crecientes bombardeos de la Operación Lanza del Sur contra supuestas lanchas que presuntamente transportaban drogas hacia los Estados Unidos, esto no ha hecho sino avivar la condena por parte de los gobiernos izquierdistas hacia dichas intervenciones, pues consideran que cualquier cambio en Caracas debe darse exclusivamente dentro de sus fronteras.
La mediación en favor de Venezuela por parte de sus aliados del Cono Sur no ha tenido resultados favorables, puesto que ha generado una ola de sanciones por parte de la Casa Blanca.
Tal es el caso de la administración colombiana de Gustavo Petro, que actualmente es señalado por el Departamento de Justicia y el de Guerra de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) rompieron una histórica alianza entre el Cono Norte y el Sur en el combate al narcotráfico, dado que Colombia se presentaba como el histórico aliado de Washington en la batalla contra el crimen organizado desde las operaciones que desarticularon al Cártel de Medellín y la ejecución de su líder histórico, Pablo Escobar, el 2 de diciembre de 1993.
El poco éxito de las negociaciones en materia de seguridad también se ha presentado en México, donde el gobierno federal ha emprendido acciones para evitar sanciones económicas por parte de Washington a cambio de reforzar controles migratorios y fronterizos, mismos que buscan frenar el paso de fentanilo y sus precursores hacia Estados Unidos.
El más reciente acuerdo alcanzado con la Casa Blanca reza que, tras un ataque del Pentágono contra una supuesta narcolancha a poco más de 800 kilómetros de la costa de Acapulco a finales de octubre, la seguridad marítima será de exclusiva competencia de la Secretaría de Marina mexicana.
Durante la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G7 celebrada en Canadá, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que compete a su país la exclusividad de acciones para defender su territorio en esta parte del hemisferio, sin embargo, recalcó ante su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente, que no ejecutarán acciones bélicas en nuestro territorio.
Rubio aseguró en declaraciones realizadas a periodistas en Canadá, que tras el acuerdo alcanzado con México sobre la Operación Lanza del Sur, Washington no enviará tropas al país, y la cooperación se centrará en intercambio de información, capacitaciones y entrenamientos militares.
La medida representa un respiro para la administración federal de México, que ha defendido y destacado la soberanía nacional ante la preocupación de que Estados Unidos llegue a desplegar fuerzas militares u operaciones encubiertas en el país.
Los enfrentamientos ideológicos entre izquierda y derecha se han concentrado principalmente en el proteccionismo característico de sus bases políticas, y no son exclusivos del continente. No obstante, han tenido un fuerte foco debido a la mediatización de las acciones y declaraciones del presidente Trump, quien, a través de su proyecto Hacer América Grande Otra Vez (MAGA, por sus siglas en inglés) ha encendido temores en todos los sectores sociales, económicos y políticos debido a las repercusiones que los países podrían enfrentar si no se alínean con sus intereses y proyecto de nación tan solo al final del primer año de su segundo mandato.
