En un mes, acumula FGE Coahuila dos recomendaciones por dilación en la procuración de justicia

En un mes, la Fiscalía General del Estado de Coahuila acumuló dos recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) por violentar el delito a la legalidad y seguridad jurídica de ciudadanos, por parte de agentes del ministerio público región Laguna 1, una de ellas específicamente por la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de Delitos de Familia, al caer en dilación en la procuración de justicia.

La recomendación a la que se hace referencia tiene como fecha el 14 de nombre y a la que se le asignó el número 29/2025, fue por hechos ocurridos en el 2024.

De acuerdo con el documento público, el quejoso detalló que fue en el mes de marzo de 2024 presentó una denuncia ante los servidores públicos de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de Delitos de Familia de la Fiscalía General del Estado de Coahuila Laguna I (FGE Laguna I), toda vez que fue víctima del delito de violencia familiar, iniciándose la carpeta de investigación correspondiente.

Tras analizar los hechos, se observó un lapsos de inactividad, entre una y otra actuación en dos períodos, el primero por 174 días y otros por más de 223 días naturales, sin que se advierta causa legal alguna que justifique la tardanza. Motivo por el que se determinó que el personal de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de Delitos de Familia, encargados de realizar la integración de la carpeta de investigación en comento, incurrieron en un retardo o entorpecimiento negligente en la función investigadora del delito.

“Cabe resaltar que, si bien en los primeros meses posteriores a la denuncia se realizaron diligencias preliminares (Como la canalización del expediente, solicitudes de peritajes médicos en marzo de 2024 sin respuesta, citatorios sin seguimiento y solicitud de investigación a la policía investigadora, sin datos ni seguimiento), estas actuaciones no fueron continuadas, ni se observó un seguimiento diligente, lo que se traduce en una falta de actuaciones de investigación. Esta circunstancia fue confirmada por el propio denunciante, quien manifestó que, pese a haber aportado pruebas, el Ministerio Público no ha realizado las diligencias necesarias para judicializar el caso, ni ha respondido al escrito presentado por la víctima en noviembre de 2024”, reza el documento.

Motivos por lo que en la recomendación 29/2025 se exhorta a la Fiscalía: Se instruya al personal de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de Delitos de Familia para que, dentro de la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia presentada por el quejoso, a efecto de que, en forma inmediata, desahoguen las pruebas conducentes y necesarias que la indagatoria requiera por su naturaleza y las que se encuentren pendientes de diligenciarse, tendientes a indagar sobre la verdad histórica de los hechos y determinar lo que en derecho corresponda.

Además de que se inicien los procedimientos administrativos de responsabilidad que correspondan en contra de los servidores públicos de la citada Agencia que tuvieron participación en la integración de la carpeta de investigación por haber incurrido en violaciones a los derechos humanos del quejoso, particularmente respecto a la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica en la modalidad de dilación en la procuración de justicia.

Y que como garantía a la no repetición, otórguense cursos de capacitación, profesionalización, actualización y de ética profesional dirigidos al personal de la Agencia del Ministerio Público.