Este martes, la Cámara de Diputados discute la reforma a fin de prevenir y sancionar el delito de extorsión que afecta a millones de mexicanos anualmente.
En La Laguna, la extorsión ha cobrado una gran relevancia tras señalamientos durante meses a una organización sindical de operar presuntas extorsiones contra productores y empresarios en la región.
Durante el debate, todos los diputados estuvieron de acuerdo que la extorsión es un grave problema que afecta a México.
La expriista Claudia Ruiz Massieu, ahora diputada por Movimiento Ciudadano criticó desde el pleno que la extorsión lastima a millones de mexicanos, obligando a comerciantes a pagar cuotas o cerrar sus negocios; a los productores los resigna a pagar para sobrevivir y causa miedo e inseguridad en las familias cuando reciben amenazas.
“Es un delito que ha escalado sin control, en los primeros cinco meses del 2025 se registraron cuatro mil 882 víctimas de extorsión, la cifra más alta en tres años”.
La diputada panista Silvia Patricia Jiménez advirtió que la extorsión se ha extendido gracias a las nuevas tecnologías y desde el interior de los penales, por lo que al presentar una reserva convocó a un foro donde se establezcan reglas claras.
El petista Ricardo Mejía Berdeja reconoció la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la creación de bases de una ley contra la extorsión, donde este delito se persiga de oficio y no recaiga en la víctima el proceso.
Mejía Berdeja denunció que la Familia Michoacana, que opera en Estado de México, Guerrero y Michoacán, cobra cuotas por todo “la carne, el pollo, el huevo, la Coca-Cola y el político que no se subordina lo asesinan”.
El priista Luis Gerardo Sánchez Sánchez manifestó que su bancada apoyara el dictamen, pero con reservas, como la protección integral a víctimas con acompañamiento jurídico, psicológico y social; el uso de tecnologías e inteligencia para anticipar a la delincuencia, coordinación plena de los tres niveles y respeto al federalismo.
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